A través de la acordada número 37/12, se reglamentó un nuevo sistema para la adjudicación de causas con el objetivo de proporcionarle mayor eficacia a la actividad jurisdiccional.
La medida, llevada a cabo por la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, establece, entre otras cuestiones, modificaciones vinculadas a las denuncias realizadas ante las fuerzas de seguridad.
Así, el juzgado de turno con fuerzas de seguridad "intervendrá ante la eventualidad de que correspondan practicar medidas que no admitan dilación o cuya demora pueda perturbar el trámite de las actuaciones o influir desfavorablemente en la instrucción de la causa, perjudicar a las partes o incidir en la libertad de las personas o se trate de aquellas cuyo cumplimiento posterior fuera imposible".
De esta manera, las actuaciones deberán ser remitidas a la Mesa de Entradas de la Secretaría General de la mencionada Cámara para que se asigne un juzgado, por sorteo, dentro del plazo de veinticuatro horas de recibida.
Los objetivos principales de la Cámara Federal al esgrimir la acordada fueron los de redactar un texto único que elimine disposiciones dispersas, aportar claridad a la materia, favorecer el acceso a la justicia y evitar la elección de jueces por parte de los denunciantes.
En tal sentido, los magistrados Martín Irurzun, Jorge Luis Ballestero, Eduardo Guillermo Farah, Eduardo Rodolfo Freiler y Horacio Rolando Catan, integrantes del plenario de la Cámara, fueron los encargados de firmar la acordada.
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