La Cámara Federal porteña ordenó reabrir una causa en la que se había solicitado que se investigue a los titulares de un grupo de ex AFJP por haber realizado un supuesto “vaciamiento” a través de operaciones financieras en perjuicio de los afiliados y del Estado, luego de haber tomado conocimiento por medio de transcendidos que daban cuenta de la reestatización del sistema privado de jubilaciones, previo a la decisión estatal de eliminar dicho sistema en el año 2008.
La Sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal hizo lugar al recurso de apelación presentado por el Ministerio Público Fiscal, contra la resolución que había sido dictada por el juez federal Claudio Bonadío que había ordenado el archivo de las investigaciones.
De esta manera, los camaristas Eduardo Freiler y Eduardo Farah ordenaron profundizar la investigación con peritajes y declaraciones de expertos, señalando al revocar el archivo de la causa dispuesto por Bonadío, que se deben ordenar más medidas de pruebas para confirmar o descartar las maniobras investigadas.
En el marco de la presente causa, al recibir la denuncia presentada por la Unidad Fiscal de Investigación de delitos relativos a la Seguridad Social (Ufises), el juez Bonadío había dictado el 21 de octubre de 2008 una medida cautelar para resguardar los fondos de las administradoras, y para que no fuese modificada la composición de la cartera de inversiones, a la vez que había ordenado registrar sedes para secuestrar documentación y otras medidas, concluyendo luego de ello que el caso debía cerrarse por “inexistencia de delito”.
En la resolución dictada el pasado viernes, los camaristas ordenaron llevar a cabo un peritaje a fin de determinar si hubo operaciones irregulares el 20 de octubre de 2008.
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