Tras librarse nuevamente el pasado 5 de mayo el oficio solicitando la detención y captura internacional de Bernd Fahroholz y Lukas Mühlemann, mientras que el 15 de julio de 2010 se encomendó mediante exhorto la captura internacional de William Harrison Jr, quienes se encuentran siendo investigados por su actividad como directores del Banco General de Negocios, la jueza federal María Servini de Cubría resolvió ante la reticencia de los acusados de someterse a la jurisdicción del Tribunal, dictar una medida de aseguramiento, conforme las pretensiones pecuniarias del proceso.
La magistrada resolvió que “frente a la rebeldía, que interrumpe la prosecución del proceso en contra de tales acusados y la posibilidad de dictar una sentencia de carácter definitivo sobre los hechos investigados, no queda otra alternativa que la de intentar resguardar los bienes cuya existencia nos fuera recientemente informada, con el propósito de garantizar, cuanto menos, la indemnización civil derivada del delito y las costas del proceso”.
Con relación al monto del embargo, la jueza consideró adecuado “estimarlo en la suma de cien millones de pesos por cada una de las entidades, teniendo en cuenta que el perjuicio económico irrogado a través de las maniobras investigadas en estos autos se conforma por múltiples factores, entre los que pueden señalarse las operaciones económico financieras investigadas y peritadas en su oportunidad y los reclamos instaurados por los actores civiles constituidos en autos”.
Por otro lado, tras remarcar que “no se ha logrado demostrar que los acusados en cuestión tuvieren bienes a cualquier título en la jurisdicción nacional, y que la imputación que se les enrostra concierne a su actividad como directores del BGN pero por la representación que ejercían de las entidades comprendidas en el informe elaborado por “Caja de Valores S.A.”, la jueza determinó que la medida cautelar debía ser dirigida contra “la tenencia de títulos valores negociables públicos o privados emitidos para ser ofertados públicamente, que contengan a nombre de las entidades Dresdner Bank, Credit Suisse y J.P. Morgan”.
De esta forma, en la resolución del pasado 14 de septiembre, la Jueza Servini de Cubría ordenó trabar embargo sobre los títulos y/o valores negociables públicos o privados emitidos para ser ofertados públicamente, que contengan las cuentas a nombre Dresdner Bank, Credit Suisse y J.P. Morgan, las subcuentas comitentes detalladas en el informe de la Caja de Valores S.A., hasta cubrir la suma de cien millones de pesos por cada una de las entidades mencionadas.
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