El Gobierno acercó a la UIA y la CGT el borrador del decreto, que espera publicar la próxima semana. Quejas de las empresas porque los cambios no resuelven la litigiosidad del sistema. Por la vía de un decreto presidencial, el Gobierno triplicará el monto de las indemnizaciones por accidentes laborales y ampliará la lista de enfermedades profesionales que deberán ser cubiertas por las aseguradoras de riesgos del trabajo. La decisión esta contenida en el borrador del decreto que el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, entregó ayer a empresarios y sindicalistas, y que contempla elevar de $ 180.000 a $ 540.000 el tope indemnizatorio por accidente y aumentar, en la misma proporción, los montos de las prestaciones por suma única, que pasarán de $ 30.000 a $ 90.000 en los casos de incapacidad grave; de $ 40.000 a $ 120.000 cuando se trata de incapacidad total; y de $ 50.000 a $ 150.000 en los casos de fallecimiento del trabajador siniestrado. Además, según el texto al que tuvo acceso El Cronista, se incorporarán las lumbalgias, várices y hernias inguinales en la lista de enfermedades que deberán ser cubiertas por las ART. Junto con esas medidas, el Gobierno terminó por blanquear ayer su determinación de recurrir a un decreto para instrumentar los cambios al régimen de riesgos del trabajo ante la imposibilidad de alcanzar un consenso con empresarios y sindicalistas para reformular en forma integral el sistema que en varios de sus artículos fue tachado de inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. La argumentación oficial, compartida por los gremios de la CGT, es que el fuerte aumento en el monto de las indemnizaciones del sistema desalentará a los trabajadores a iniciar demandas en la Justicia para obtener un resarcimiento mayor. Sin embargo, esa postura no es compartida por las cámaras empresarias, encabezadas por la Unión Industrial Argentina (UIA), y las aseguradoras, que sostienen que esos cambios no resuelven la cuestión de fondo que generó el exponencial incremento de la litigiosidad del sistema e insisten con la pretensión de que se fije la denominada “opción excluyente” que forzaría al trabajador a elegir entre cobrar la indemnización del sistema o iniciar la demanda judicial. Justamente ayer antes del encuentro en Trabajo, la cúpula de la UIA reiteró ese pedido al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y le planteó la necesidad de avanzar con un proyecto de ley en lugar de un decreto para poder reformular todo el sistema. “El aumento de las indemnizaciones no resuelve el problema de la industria del juicio. Hace falta una ley que cubra los aspectos que hay que cubrir que son la opción y el nó cúmulo, un decreto no sirve para eso”, advirtió el abogado de la UIA, Daniel Funes de Rioja. El industrial reconoció la necesidad de incrementar las indemnizaciones del sistema, que están congeladas desde 2001, pero alertó que si no se resuelve la litigiosidad, ese ajuste derivará en un aumento de las primas que las empresas deben pagar a las aseguradoras por la cobertura de su personal. Otros cambios Durante la reunión del denominado Comité Consultivo Mixto realizada ayer en la cartera laboral, Tomada y el superintendente de Riesgos del Trabajo, Juan González Gaviola, entregaron a los representantes técnicos de la UIA y la CGT el borrador de los nueve proyectos de decreto que integrarán un texto unificado para instrumentar los cambios del sistema. Además de las indemnizaciones y la ampliación del listado de enfermedades, el texto incluye la disposición del pago bancarizado de las indemnizaciones temporarias (ILT), la creación de un registro de servicios de salud y de contratos de las aseguradoras y aspectos técnicos vinculados al funcionamiento de las comisiones médicas, el fondo fiduciario del sistema, la situación de empresas críticas, entre otras cuestiones. Sindicalistas y empresarios analizarán durante los próximos días las medidas y el próximo jueves volverán a reunirse con Tomada ofrecer su posición sobre los cambios. La intención del Ejecutivo es que en ese encuentro se resuelvan los últimos detalles para acelerar la firma del decreto por parte de la presidenta Cristina Fernández. Como anticipo, desde la CGT se mostraron conformes con los cambios, mientas en la UIA adelantaron que convocarán a una reunión con la mesa técnica del G7 para acordar una posición uniforme, que –según evaluaron en la central fabril– contemplaría el rechazo a la inciativa oficial. Fuente: Cronista.com