A través de un comunicado dirigido a la Bolsa de Comercio porteña, la empresa Transportadora de Gas del Norte (TGN) informó que la Justicia decidió hacer lugar a una medida cautelar presentada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) con el fin de suspender preventivamente las resoluciones en las cuales los tenedores de obligaciones negociables aprobaron la propuesta de Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) de TGN. El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 2 decidió hacer lugar a un pedido presentado por la ANSeS, quien en su calidad de acreedor de la compañía transportadora había solicitado la nulidad del proceso sosteniendo que los acreedores habían aceptado la propuesta de pago de TGN lo habían hecho inducidos por “una oferta engañosa”. En tal sentido, el juzgado nacional de primera instancia dispuso dejar sin efecto provisionalmente la resolución que ordenó la suspensión de todas las acciones de contenido patrimonial contra TGN, pudiendo avanzar las acciones en curso una vez levantada la feria judicial, si no hay cambios previos. Si bien la compañía tendría decidido apelar la medida, como la resolución judicial se conoció apenas unas horas antes de la feria, ahora debería esperar hasta el 1º de febrero. Hay que recordar que contra TGN existen entre tres y cuatro pedidos de quiebra, así como una veintena de juicios ejecutivos para cobrar la deuda impaga, los cuales son llevados a cabo por particulares que representan montos pequeños. La compañía que fue intervenida por el Gobierno Nacional a través del Ente Nacional Regulador del Gas, luego de que en diciembre de 2008 anunciase que no podía hacer frente al pago de una deuda de 22 millones de dólares por títulos de deuda que había emitido, había anunciado a mediados de octubre que había alcanzado un acuerdo preventivo extrajudicial con tenedores de deuda que representaban alrededor del 88 por ciento de los pasivos, no contando dicha propuesta con la adhesión de la ANSeS. Dicho organismo posee obligaciones negociables por 22 millones de dólares procedentes de las AFJP, deuda que heredó cuando se produjo la estatización del sistema previsional, pasando los títulos y las acciones que tenían las AFJP en sus carteras a manos del organismo estatal.