En un resolución emitida por la Cámara de Casación Penal durante los primeros días de Septiembre pasado, se dictaminó el sobreseimiento de una decena de dirigentes en el marco de la causa por le desvío de un crédito del Banco Mundial por 285 millones de dólares, configurándose un primer paso para que se produzca el cierre de una megacausa donde se encuentran involucrados más de 350 jefes sindicales y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Una decena de dirigentes  pertenecientes al gremio telefónico, fueron sobreseidos como consecuencia de la mencionada resolución. Entre los que se encontraban citados a prestar declaración indagatoria, se encontraba el propio ministro de Trabajo, así como los dirigentes gremiales de primera línea como es el caso de Juan José Zanola, Armando Cavalleri, Gerardo Martínez, Gerónimo Vanegas, entre otros. El juez Norberto Oyarbide, había decido que se suspendiera la indagatoria a los mismos, luego de resolver los planteos de prescripción y nulidad presentados por los gremialistas. Dicho magistrado, había rechazado tales reclamos, al considerar que como se trataba del delito de peculado, el mismo posee un período de prescripción de diez años, confirmando la Sala II de la Cámara Federal lo actuado. Luego de ello, los sindicalistas apelaron por medio de un recurso extraordinario dicha decisión, consiguiendo que la Sala III de la Cámara de Casación hiciera lugar a su pedido. Según la postura adoptada por dicho tribunal, correspondía el sobreseimiento sobre nueve dirigentes del gremio telefónico, cuyos recursos llegaron primero  a la Cámara, al entender que el peculado se había introducido para evitar la prescripción. Según estimaciones, el criterio adoptada por dicho tribunal en el presente caso sería aplicado al resto de los recursos presentados por las defensas de los imputados en la causa.