Con el fin de crear un régimen permanente para que las personas que cuenten al menos con 30 años de aportes jubilatorios y se encuentren desocupadas puedan cobrar una prestación del sistema previsional, los diputados de la oposición intentan avanzar con otra iniciativa resistida desde el Gobierno Nacional.
El proyecto busca beneficiar a los desocupados al menos con 30 años de aportes, incluso cuando les falte como máximo 5 años para la edad exigida para jubilarse.
Luego de que la Cámara Bajo hubiese dado media sanción al proyecto de ley que busca garantizar un haber básico equivalente al 82 por ciento del salario mínimo, la Comisión de Previsión Social de la Cámara de Diputados, otorgó dictamen favorable para que la iniciativa pueda ser tratada en el recinto.
La iniciativa tiene por finalidad restablecer el sistema de jubilación anticipada que rigió con carácter excepcional para quienes se encontraban cerca de la edad jubilatoria pero se habían quedado sin empleo durante la crisis. En diciembre de 2004, la ley 25.994 había dispuesto la prestación anticipada, la que rigió hasta abril de 2007.
De acuerdo al proyecto de ley, aquellos que pretendan acceder a este beneficio, además de cumplir con los requisitos de edad y la mencionada cantidad de años de aportes, los solicitantes deberán demostrar un situación de desempleo superior a los 12 meses al momento de requerir la habilitación de pago que se encontraría a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).
En caso de concederse la “prestación anticipada de jubilación por desempleo”, el ingreso mensual recibido sería equivalente al 50 por ciento del haber que le correspondería a la persona si, por su edad, estuviera en condiciones de jubilarse, mientras que contaría con la garantía de que el monto que percibiría nunca podría ser inferior a la prestación mínima, hoy ubicada en 1046 pesos.
Desde el oficialismo, sostienen que la vigencia de dicho régimen tuvo por finalidad afrontar la emergencia que vivía el mercado laboral al momento de la implementación, a la vez que se oponen a darle un carácter permanente a esta medida debido a que provocaría un aumento del costo para el sistema, al flexibilizar el derecho al cobro de una prestación sin una contrapartida en cuanto a las fuentes de financiamiento.
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