Con el fin de que las entidades financieras y los establecimientos comerciales garanticen a sus clientes que el tiempo de espera para ser atendidos en la caja no superará los 30 minutos, fue presentado un proyecto de ley en el Senado de la Provincia de Buenos Aires.

La iniciativa que busca que las entidades financieras brinden una mejor atención a los usuarios en un tiempo razonable, contempla que en caso de incumplimiento los infractores serán sancionados con multas que oscilarán entre los 200 y 5000 pesos, teniendo en cuenta para su fijación la gravedad de la infracción. A su vez, en caso de reincidencia, se aplicará una multa equivalente al doble establecido por la autoridad de aplicación.

La iniciativa presentada por Javier Mor Roig establece una serie de obligaciones que deberán cumplir tanto los comercios como las entidades financieras alcanzados por  tal medida. Entre ellas figuran la de dar publicidad en los medios masivos de comunicación de los alcances de la medida, así como contar en todas las sucursales con un letrero que indicará: ”Señor usuario: el tiempo de espera en caja no debe superar el término de media hora. En caso contrario, puede hacer su reclamo en el libro correspondiente”.

En tal sentido, las entidades financieras y los establecimientos comerciales deberán contar con un libro donde los usuarios podrán realizar sus quejas en caso de que vean afectados sus derechos.

De acuerdo a lo publicado por Parlamentario. Com, según el autor de la iniciativa, con el proyecto “se intenta que las entidades bancarias y empresas prestatarias de servicios públicos brinden una mejor atención a los usuarios y en un tiempo de espera que resulte razonable”, a lo que agregó que “pese a la instalación de cajeros automáticos, centro de pagos rápidos, débitos automáticos y pagos a través de la web, la cantidad de personas que pretende realizar operaciones en las cajas habilitadas no ha disminuido, sino que las líneas de espera se han incrementado, excediendo razonablemente los tiempos que debería imperar”.

La iniciativa contempla que los eventuales fondos recaudados por la aplicación de multas en casos de infracción serán destinados a la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.