El juez Federal Daniel Rafecas dispuso el procesamiento del Almirante Jorge Godoy y del Vicealmirante Benito Rótolo, quien fuera Subjefe de la institución, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Además, en la causa se investiga posibles prácticas de “espionaje interno” (prohibidas por la ley) de la Armada Argentina a dirigentes sociales y políticas durante el período comprendido entre los años 2003 y 2006. El otro punto clave, es el posible seguimiento realizado a las actividades llevadas a cabo por diversos organismos de derechos humanos.
Las actuaciones tramitadas ante el Juzgado Federal 3 son la consecuencia de una denuncia formulada por Carolina Varsky y Rodrigo Borda pertenecientes al Centro de Estudios Legales y Sociales. Al parecer, en la Base “Almirante Zar” de la Armada Argentina, ubicada en la ciudad de Trelew (provincia de Chubut) se estarían llevando a cabo actividades de inteligencia interna, “espionaje” y seguimiento del accionar de agrupaciones de Derechos Humanos y Sociales.
Por su parte, el magistrado Federal corroboró el control del aparato de inteligencia de la Armada que realizaban el Almirante Godoy y el Vicealmirante Rótolo. Además, ellos tenían conocimiento que desde allí se realizaban prácticas de inteligencia interna prohibidas por las leyes de Seguridad Interior, de Inteligencia Nacional y de Defensa Nacional. Las autoridades antes mencionadas omitieron desactivar el accionar a pesar de tener conocimiento del mismo.
“La actividad de inteligencia interna se trató de una actividad habitual, prolongada y reiterada en el tiempo en la Armada Argentina, en la que han participado tanto activa como pasivamente los diversos órganos que conformaban el Sistema de Inteligencia Naval, lo cual incluyó a los más altos integrantes del mismo, siendo éstos, la Dirección de Inteligencia Naval (DIIA) y el Comando de Operaciones Navales (COOP), los que dependían, orgánica y directamente, al momento de los hechos objeto de pesquisa, del entonces Subjefe del Estado Mayor General de la Armada –Vicealmirante RE Benito Ítalo Rótolo- y del actual Jefe del Estado Mayor General de la Armada –Almirante Jorge Omar Godoy-", fue un fragmento de la interpretación que el magistrado le dio a la causa.
Al momento de efectuarse los allanamientos judiciales pertinentes en las diversas dependencias de la Marina no se encontraron “partes de información” y otras pruebas documentales comprometedoras. Por este motivo, el magistrado dispuso que se sortee un Juez Federal para que investigue dicha desaparición.
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