La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial confirmó una sanción que la Comisión Nacional de Valores (CNV) había aplicado a la calificadora Standard & Poor’s filial Argentina  como consecuencia de las irregularidades detectadas en la calificación del Programa Global de Obligaciones Negociables del Citibank y  BankBoston anunciado en el año 2002.

En el año 2006, por medio de la resolución 15.335, la CNV  había aplicado a la calificadora una sanción de multa por la suma de 20 mil pesos que debía ser solventada “solidariamente por sus directores”.

Según lo establecido en la normativa de la CNV, las calificadoras deben efectuar sus análisis en base a los procedimientos descriptos en un manual previamente inscripto en el organismo de contralor, donde se establecen los pasos a seguir en el proceso de calificación.

El manual de la calificadora sancionada establece que corresponde calificar los títulos con la categoría “E” en aquellos casos en que los dictámenes de los auditores externos tengan abstención de opinión u opinión adversa.

Sentado lo anterior, la sanción en cuestión fue adoptada por la CNV tras haber comprobado que S&P había calificado las obligaciones negociables del Citibank y del Bank Boston con “AAA”, lo cual es la categoría correspondiente a los títulos de mayor calidad y menor riesgo, cuando en realidad los auditores externos no habían expresado su opinión sobre los estados contables de dichas instituciones, por lo que de acuerdo a lo establecido en la normativa, la calificación debería haber sido “E”.

La Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial confirmó la sanción establecida por la CNV. Al rechazar la queja que la sucursal local de la agente había presentado contra la resolución, el tribunal sostuvo que la calificadora había incurrido en un incumplimiento del manual registrado ante el organismo de control, remarcando que el desarrollo ordenado y transparente del mercado de capitales precisa de la existencia de firmas especializadas que satisfagan la demanda de información del público inversor mediante calificadoras de riesgo que provean información oportuna y adecuada.