Con el fin de avanzar en la modificación a la Ley de Contrato de Trabajo, el diputado oficialista Héctor Recalde presentó el pasado viernes en la Cámara de Diputados 84 proyectos de ley en materia laboral. La modificación que pretende impulsar el abogado de la Confederación General del Trabajo (CGT), la cual podría traducirse en un fuerte incremento de los costos laborales para las empresas, pone énfasis en cuestiones vinculadas con el derecho a la defensa, la estabilidad laboral, la ratificación de convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el acoso sexual y laboral, la inembargabilidad del salario y la jornada laboral. Entre las principales modificaciones que pretende aplicar sobre la Ley de Contrato de Trabajo se destaca lo relativo al tope de la jornada laboral, buscando que se respete el límite de 8 horas diarias y 48 semanales, mientras que con relación a las horas extras, establecería que el empleado no se encuentra obligado a prestar servicios en horas suplementarias, salvo exigencias excepcionales de la empresa. Con relación a la licencia por maternidad y embarazo, una de las iniciativas busca extender el período de receso a 98 días, así como que la protección legal contra el despido de embarazadas sea fijado entre los ocho meses y medio anteriores o posteriores al nacimiento, alcanzando tal protección al padre. Otro de los puntos sobresalientes es el relativo a las vacaciones, contemplando la extensión del período de vacaciones a 21 días corridos aún cuando la antigüedad sea menor a cinco años. Por otro lado, la carga fiscal de las empresas podría verse afectada en caso de avanzar la pretendida reforma, la que contempla que en aquellos casos en que las empresas tengan una ganancia al menos 20% superior a sus ingresos anuales, deberán pagar una sobretasa del 10%. Con relación al despido, la iniciativa contempla que el trabajador en negro recibirá un subsidio estatal si denuncia a su empleador, buscando con ello desalentar la contratación de trabajadores en forma irregular. En tal sentido, el proyecto establece que el trabajador podrá considerarse despedido sin causa si la empresa es vendida y esto le genera un perjuicio, mientras que busca establecer que los privilegios laborales son irrenunciables en caso de concurso o quiebra. Con relación a la estabilidad en el empleo, la iniciativa contempla que la suspensión deberá ser notificada con una anticipación mínima de un día hábil antes de comenzar su ejecución, mientras que con relación a las sanciones como causal de despido, la iniciativa contempla que si pasan más de doce meses desde una sanción y el empleado es nuevamente sancionado, la primera no podrá ser utilizada como argumento para configurar una causal de despido.