Tras considerar que la provincia no tiene legitimación para accionar en nombre de sus ciudadanos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la acción de amparo presentada por la provincia de San Luis, en la que solicitaba que se declare la inconstitucionalidad del decreto 2010/09, el cual creó el Fondo del Bicentenario para pagar con reservas del Banco Central la deuda pública. La Corte consideró que el Estado local no posee legitimación para actuar en la presente causa, en tanto alega proteger los derechos de los ciudadanos de la provincia. Los jueces entendieron que las razones esgrimidas por la provincia de San Luis al sustentar su demanda, pretenden proteger una supuesta afectación de los intereses de sus ciudadanos, circunstancia que descarta la posibilidad de que se trate de un interés directo de la actora que la transforme en parte sustancial. Con relación al interés del Estado provincial en asegurar la observancia de los términos bajo los cuales él participa en el sistema federal, la Corte consideró que tales argumentos “no pueden ser atendidos desde que San Luis –con el concierto del resto de las jurisdicciones provinciales- ha delegado en el Gobierno Central el ejercicio de dichas facultades, y en ese marco no puede reconocérsele la potestad de ejercer un control pormenorizado del ejercicio de aquéllas por parte de la Nación, sin un interés directo claramente demostrado”. Es importante destacar que el Máximo Tribunal no se pronunció sobre la constitucionalidad de dicho decreto de necesidad y urgencia que creó el Fondo del Bicentenario.