En el marco de una causa en la que se pretende la ejecución de una deuda causada en un contrato de seguro de riesgos del trabajo tomado por el empleador de conformidad con las disposiciones de la ley 24557, la parte actora apeló el pronunciamiento del juez de grado en cuanto se declaró incompetente para conocer en el caso en virtud de lo establecido en el artículo 36 de la ley 24.240.

En los autos caratulados “CNA Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. c/ Ramírez Fabián s/ ejecutivo”, al analizar el presente caso, los jueces que integran la Sala F explicaron que “la cuestión traída a consideración consiste en determinar si el vínculo existente entre los justiciables puede ser encuadrado dentro de una relación de consumo, puesto que ello determina la subsunción en la normativa citada en el decisorio en crisis”.

Tras resaltar que en el presente caso “se pretende la ejecución de una deuda causada en un contrato de seguro de riesgos del trabajo tomado por el empleador de conformidad con las disposiciones de la ley 24.557”, los magistrados determinaron que “el ámbito de dicho plexo normativo alcanza a los empleados en relación de dependencia del sector privado (art. 2 inc. 1b) fijándose la gestión de las prestaciones otorgadas por la ley a través de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (art. 26) las que se financiarán mediante una cuota mensual a cargo de los empleadores (art.23 ) quienes a tales efectos, salvo supuesto de autoseguro, deben obligatoriamente afiliarse a una A.R.T. (art. 27)”.

En la sentencia del pasado 31 de agosto, los camaristas destacaron que al tratarse del cobro de cuotas mensuales a las ART adeudadas por el empleador en virtud de la obligación legal “no parece aplicable al sub examine la Ley de Defensa del Consumidor, por lo cual la declaración de incompetencia efectuada por el Sr. Magistrado de Grado resultó improcedente”, por lo que hicieron lugar al recurso de apelación presentado.