Según fuentes legislativas, el Congreso de la Nación retomaría en noviembre el debate sobre aborto en que se discutirán varios proyectos respecto del alcance del artículo 86 del Código Penal de la Nación.

Las diversas iniciativas, que serían discutidas en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara baja, ya han sido anticipadas y versan sobre la legalización del aborto a los fines de aliviar una situación que los legisladores consideran ineficaz para prevenir los abortos que la penalización pretende, toda vez que actualmente se están vulnerando injustamente “a las más jóvenes, pobres y con menor nivel educativo”, según sostienen los impulsores de la iniciativa.

El análisis que se dará en la Cámara de Diputados, contendrá a varios expositores que presentarán distintas propuestas para modificar la normativa penal.

Por un lado, la iniciativa de Juan Carlos Vega plantea la ampliación de los casos de inimputabilidad para la práctica del aborto, y no su despenalización total. En su texto, el legislador recomendará que sólo se puedan realizar abortos sin sanciones en los casos en los que la madre corra peligro, y ese peligro haya sido acreditado por un certificado médico, o en circunstancias donde la mujer haya sido violada. De todos modos, en ningún caso se contempla la validez de la interrupción del embarazo luego de la semana 12 de gestación.

Por su parte, diputada Cecilia Merchán presentó un proyecto generado por de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que contempla que se despenalice el aborto en todos los casos que no hayan superado las 12 semanas de gestación, luego de lo cual sólo se permitiría para aquellas mujeres que corran peligro con la continuación del embarazo, quienes hayan quedado encinta como producto de una violación, o en caso de que haya malformaciones graves en el feto.

Al respecto, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto ha reunido las firmas de casi 50 diputados con el fin de eliminar las muertes de las mujeres que ante la imposibilidad de interrumpir sus embarazos legalmente, recurren a centros clandestinos en condiciones gravosas y con altas tasas de mortalidad maternal.