En el marco de la causa en la que se investiga el supuesto vaciamiento de Aerolíneas Argentinas, la Cámara de Casación Penal decidió revocar la decisión adoptada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de sobreseer al empresario español Antonio Mata, tras haber declarado la prescripción de la causa.
La Sala III decidió revocar el sobreseimiento de Mata, y “devolver la causa a su origen, para que en el menor tiempo posible se reciban las declaraciones indagatorias ordenadas y se defina la situación procesal de los acusados”.
Como consecuencia de la presente resolución, el juez de primera instancia deberá indagar al imputado, quien se encuentra acusado de “administración fraudulenta”.
En la presente causa, Mata se encuentra investigado a raíz de la inclusión de una afirmación falsa en el balance de Aerolíneas Argentinas 2001, donde se estableció la capitalización de 1.238 millones de pesos, los cuales habrían sido aportados en el año 2001 por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales del Gobierno de España (SEPI).
Tal situación se trataba en realidad de asientos contables entre SEPI y la Sociedad “Air Comet”, responsable del gerenciamiento de Aerolíneas, habiéndose concretado la aprobación del balance el 18 de octubre de 2002, viendo el Estado argentino sensiblemente disminuida su participación activa en la aerolínea de bandera al no poder aportar una suma de dinero similar.
Los camaristas determinaron que para efectuar el cálculo de la prescripción debe tomarse en cuenta la pena máxima que dispone el delito por el cual se acusa, junto con una serie de actos interruptivos, entre ellos el llamado a declaración indagatoria, estableciendo el voto de la mayoría que “el delito por el que se le reprocha al acusado data del 18 de octubre de 2002, fecha del último acto comisito, consistente en la aprobación del balance que según su imputación, concretó el despojo de la participación del Estado Nacional en la empresa Aerolíneas Argentinas”, en base a lo cual, los jueces resolvieron que al establecer el delito de administración fraudulenta una pena máxima de 6 años de prisión, siendo Mata citado a declaración indagatoria el 27 de marzo de 2008, no se encuentran cumplidos los seis años para que proceda la prescripción.
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