La decadencia argentina no es únicamente económica, sino también institucional. Las instituciones han fracasado en su misión de hacer regir efectivamente los derechos y libertades constitucionales. Ello tiene un enorme impacto en la vida de los individuos y, además, obsta a las condiciones de previsibilidad que, entre otros, exigen los inversores, grandes y pequeños, para emprender actividades que generen empleo y bienestar.

Lo que parece displicencia por ocuparse seriamente de definir el perfil que debe tener cualquier juez, y mera ligereza para analizar sus antecedentes durante los procesos de nombramiento, permite sospechar que la dirigencia política insiste en el intento de utilizar a la judicatura para fines políticos. Si un gobierno ajustara plenamente su tarea a la Constitución, nada debería temer a juristas idóneos y probos, que el país los tiene de sobra. La postulación del doctor Manuel García-Mansilla para cubrir una vacante en la Corte Suprema es una prueba de ello.

No hay efecto sin causa: el Índice de Confianza en la Justicia, que elaboraron en noviembre pasado FORES y la Universidad Torcuato di Tella, reveló que el 88% de la población considera que la Justicia es poco o nada confiable en cuanto a tratar a todos por igual sin atender a medios económicos, contactos o afiliación política.

Por eso, la Corte Suprema de la Nación, en tanto cabeza del Poder Judicial e intérprete final de la Constitución, debe estar integrada por jueces que no sólo sean técnicamente idóneos, sino también ejemplares. No se trata de negar el origen político de la designación, ni de impedir que un presidente proponga a alguien afín a sus postulados ideológicos. Se trata de que el candidato, además de la solvencia jurídica, tranquilice a una sociedad crispada y le garantice que tendrá un juez, no un dirigente político para resolver los casos que llegan a su conocimiento.

Son requisitos que se pueden encontrar en mucha gente. En el caso de esta vacante, además, sería conveniente que el tribunal se integrara con una mujer.

La postulación del doctor Ariel Lijo para cubrir la vacante que dejara la Dra. Highton ni siquiera se acerca a esa aspiración. Demasiadas son las polémicas que despierta el candidato, quien integra el cuestionado fuero Criminal y Correccional Federal. Esos tribunales despiertan a menudo demasiadas sospechas sobre el manejo que hacen de los tiempos y del destino de las causas en las que investigan el flagelo de la corrupción pública. Los medios suelen explicar con una naturalidad que debería escandalizarnos cómo cambian los criterios de los magistrados según soplen los vientos electorales. El bajísimo índice de condenas que es capaz de mostrar ese fuero (en 2017 fue del 1,3% de las causas concluidas) tiene su origen, en buena medida, en la etapa de instrucción que llevan a cabo los jueces federales de primera instancia como el doctor Lijo, quien ocupa ese cargo desde hace casi dos décadas. Por otra parte, las múltiples acusaciones -provenientes de distintos ámbitossobre su actuación y la alegada actividad de su hermano en su rol de “operador judicial”, alejan al Dr. Lijo del modelo de juez al que aspira cualquier ciudadano independientemente de sus preferencias ideológicas para cubrir una vacante en el máximo tribunal de la Nación.

Los estadistas se distinguen, entre otras cosas, por la capacidad de reconocer errores y de rectificarlos. El Gobierno tiene una oportunidad de oro para demostrar que ha dicho la verdad cuando anunció su intención de diferenciarse de la cultura política que ha llevado a la Argentina a la situación actual. Corresponde que desista de la postulación del doctor Lijo.

Por Alfredo M Vítolo – Presidente y Marcelo Gobbi - Secretario