El ex presidente Fernando De la Rúa fue sobreseído en la causa donde se investiga la represión y el asesinato de cinco manifestantes el 19 y 20 de diciembre de 2001 previo a su renuncia, luego de que el juez federal Claudio Bonadío considerara que no existían elementos para  presumir un accionar delictivo por parte del ex mandatario. Basándose en una resolución de la Cámara Federal donde se revocaba un procesamiento establecido contra De la Rúa ordenando una investigación más profunda sobre lo ocurrido, el juez de instrucción Claudio Bonadío entendió que de acuerdo a la pesquisa efectuada de la represión ocurrida en el año 2001, no se pudo comprobar que el ex presidente hubiese dado la orden de desalojar la Plaza de Mayo. Según sostuvo el magistrado, con el cierre de la causa se evitaría una dilación innecesaria de la misma, mientras que el fiscal del caso Luis Comparatore anticipó que apelará dicha resolución. Por otro lado, el juez consideró que el hecho de que De la Rúa fuese la cabeza de la estructura del Poder Ejecutivo, no implica que el mismo tuviera funciones operativas ante los sucesos ocurridos, a la vez que argumentó que si bien el ex presidente había establecido el estado de sitio, no se había podido demostrar su responsabilidad en los homicidios y lesiones ocurridos anteriormente a su renuncia. El ex presidente De la Rúa también fue sobreseído en la causa donde se investigaba la supuesta contratación de ñoquis en el ex Concejo Deliberante durante su gestión como Jefe de Gobierno, habiéndose producido la prescripción de los delitos por los que iba a ir a juicio oral. Dicha decisión fue adoptada por el Tribunal Oral en lo Criminal 16, quien decidió cerrar la causa en su contra tras considerar que había transcurrido el plazo máximo sin que existiera actividad procesal útil que interrumpiera la prescripción en la causa donde se investigaba a un jardinero que trabajaba en la casaquinta de Villa Rosa de De la Rúa pero percibía salario del ex Concejo Deliberante.