En el año 2006 y bajo el pretexto de hacer más eficiente el Poder Judicial, el Gobierno de turno modificó la ley del Consejo de la Magistratura, redujo la cantidad de miembros en detrimento de abogados, jueces y académicos, manteniendo la misma cantidad del estamento político.

Como consecuencia de dicha reforma, el funcionamiento del Poder Judicial argentino se deterioró en la última década por razones internas y por los sistemáticos ataques realizados por el Poder Ejecutivo afectando su independencia. Fueron años donde solo fue posible apoyar, acompañar y defender a los jueces y fiscales probos que resistían la ofensiva del Gobierno, materializada con amenazas, denuncias penales, intentos de sobornos e incluso a través del dictado de leyes inconstitucionales que buscaban presionar a los magistrados que tenían causas sensibles contra los funcionarios de turno.

En el mes de noviembre de 2015 la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal dictó un fallo que declaró la inconstitucionalidad de la ley que reformó el Consejo de la Magistratura en el año 2006, el que había reducido de 20 a 13 el número de sus miembros, cuestionando el notable predominio -al que hice referencia- del estamento político sobre los restantes representantes de los diversos estratos de dicho Organismo. El fallo fue positivo porque resaltó la excesiva injerencia del sector político en el Consejo. Dicho fallo aún no se encuentra firme, pendiente de un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Fue saludable el compromiso público del Presidente de la Nación Mauricio Macri en comprometerse a modificar la integración  del Consejo de la Magistratura, cuando hoy cuenta con 8 votos afines sobre un total de 13, lo que le permite de alguna manera tener casi la mayoría agravada necesaria para resolver los temas más significativos. Lamentablemente hace ya un año de esto y aún no fue remitido al Congreso el proyecto de reforma.

El Ministerio de Justicia hizo circular a principios del 2016 un proyecto consultando a las distintas instituciones de abogados, jueces y académicos,  para que efectúen sus aportes y críticas a la iniciativa que posteriormente se enviará al Congreso, y que forma parte de un conjunto de propuestas legislativas que tienen como objetivos fundamentales afianzar la independencia judicial y lograr una más eficaz prestación del servicio de justicia. En sus fundamentos, señalaba que una de las falencias institucionales más graves de los últimos años fue la falta de selección de magistrados de los Tribunales inferiores, función más relevante que justificó su creación en la reforma constitucional de 1994.

El propósito principal del proyecto busca lograr una estructura que le dé operatividad y le permita cumplir el rol original para el cual fue creado. Entre sus cambios se puede resaltar  el reemplazo de los legisladores por representantes de éstos. Los futuros consejeros que deben ser elegidos entre juristas de reconocido prestigio y con especial conocimiento de la materia judicial, permitirá (como ocurre en la Ciudad de Buenos Aires y en algunos Consejos Provinciales) que el funcionamiento de este Organismo no gire en torno a las presiones políticas partidarias en la designación o remoción de magistrados. Seguramente ésta será la cuestión más difícil de aceptar por parte del Poder Legislativo, pero es algo que a la luz de los resultados actuales de su funcionamiento es necesaria para lograr su despolitización. La reducción a cuatro de los miembros de este estamento también es importante para buscar el equilibrio que exige la Constitución Nacional con los jueces y abogados, cuya integración también será de cuatro por cada cuerpo.

Hace unas semanas la Corte Suprema de Justicia de la Nación requirió al Consejo de la Magistratura que activara la realización de los concursos pendientes para cubrir un tercio de los 900 cargos de jueces nacionales y federales. Dicha demora no es responsabilidad exclusiva de sus actuales miembros, pero ha quedado demostrado que éstos no han podido activar el normal funcionamiento para el cual fue creado. Los mayores problemas los encontramos en la Justicia Laboral y Civil de la Capital Federal en cuanto a la cantidad de vacantes y en los Juzgados del norte y del sur del país.

Una futura reforma tiene que lograr nuevamente el equilibrio entre los estamentos políticos, judicial y de los abogados. La ley 26.080 redujo la representación de los abogados de la matrícula federal a dos, designando por voto directo de los profesionales con matrícula en la Capital Federal a uno de ellos y debiendo tener el restante domicilio real en el interior del país. Esta ley excluyó de la Comisión de Selección de Magistrados a los abogados sin ningún fundamento que amerite la decisión, la integración actual de dos abogados, uno por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otro por el resto del país, es irrazonable y no se ajusta al principio.

Hemos perdido un año, se han sancionado aproximadamente 70 leyes, muchas de ellas muy importantes y sin embargo el Poder Ejecutivo no ha remitido aún al Congreso el proyecto de reforma al Consejo de la Magistratura que continúa trabado sin poder cumplir con el rol constitucional para el cual fue creado. Lamentablemente el año que viene será electoral y muy difícilmente pueda lograrse la reforma. Debemos esperar otro año.

Una verdadera lástima.