A través de un amparo, las compañías Mega, Refinor, Pluspetrol y Profertil lograron que la justicia frenara la aplicación de un cargo tarifario de gas, el cual había sido consecuencia de una disposición impuesta por el Gobierno.

Así, Bancos, financieras, aseguradoras, tarjetas de crédito, empresas de telefonía celular, juegos de azar, petroleras, mineras, aeropuertos y operadores de transporte fluvial de pasajeros deberían acatar la medida sancionada en noviembre de 2010.

Asimismo, la norma que el gobierno implementó establecía que, a partir del 1 de diciembre, se emplearía un incremento de 7 u 8 veces en el cargo específico con el firme objetivo de financiar la importación de gas.

Si bien algunos usuarios no se vieron afectados de manera sustancial, otras compañías como Mega, Refinor o Profertil, las cuales utilizar el gas como insumo, se verían “fuera del mercado”.

De esta manera, Profertil, elaboradora de fertilizantes, presentó el amparo -luego de la feria judicial- argumentando que el nuevo cargo tarifario le costaría unos u$s80 millones por año.

Aunque las diversas empresas efectuaron sus reclamos, el fallo de mayor importancia lo llevó a cabo el Defensor del Pueblo argumentando que el cargo era similar a un impuesto y que, por este motivo, no podía ser dictado por decreto sino a través de una ley emanada por el Congreso.

Cabe aclarar que los amparos dictados determinaron que el cargo quede suspendido para quien se acogiera al planteo. De esta manera, se deberá resolver la cuestión de fondo para que la medida comience a regir.