A través de un proyecto de ley que será presentado próximamente, el Gobierno de Uruguay buscará identificar a aquellas personas que son propietarias de las acciones de las sociedades anónimas.
De esta manera, la Dirección General Impositiva (DGI) uruguaya podrá contar con acceso a la nómina de los titulares de las acciones al portador de sociedades anónimas, en el marco de fiscalizaciones y ante la presunción de defraudación impositiva.
Por su parte, la Auditoria Interna de la Nación (AIN), la cual resguardará los datos, podrá otorgarle la información al organismo recaudador del país vecino a través de la vía administrativa y sin necesaria intervención de la justicia. Cabe aclarar que el pedido a dicha organización debe ser para las empresas que se encuentren bajo investigación.
Una de las sanciones que impulsará la nueva normativa será el castigo con hasta tres años de penitenciaria al tráfico ilegal de la información que debe ser resguardada por la Auditoria.
Por otra parte, la DGI continuará siendo el nexo que se encuentra para el traspaso de la información a fiscos extranjeros que la soliciten. En estos casos particulares, el organismo uruguayo no podrá hacer uso de los datos que maneja la AIN.
Cabe aclara que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) había colocado al país latinoamericano en una lista donde figuran aquellos considerados como “poco cooperantes” en materia de transparencia tributaria. Por este motivo, se llevará a cabo la modificación en el régimen societario de aquel país.
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