En el marco del nuevo sistema de controles cambiarios, el representante del Estado dentro del Directorio de la petrolera YPF votó en contra del reparto de utilidades.

A pesar de que la empresa está obligada a repartir el 90% de sus utilidades, en la reunión de autoridades del pasado miércoles el coordinador del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, rechazó el reparto de utilidades por segunda vez en el año.

Si bien un voto en disidencia dentro del Directorio no implica un obstáculo para realizar la voluntad del resto de los accionistas, lo cierto es que puede constituir un mal precedente que podría generar señales desalentaras hacia otras empresas e inversionistas radicados en otros países, toda vez que implique una salida de moneda extranjera.

Cabe recordar, que por intermedio de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), el Estado tienen participación en muchas sociedades de gran envergadura, tales como el Banco Macro, San Miguel, Gas BAN, Consultatio, Edenor, Siderar, Telecom, Mirgor, Molinos, Pampa Energía, Aluar, Petrobras, Alto Palermo e Irsa, entre otras.

Finalmente, YPF comunicó a la Bolsa que el período comprendido por los primeros 9 meses del año reportó una ganancia de $ 4.506 millones, por lo cual se pagará un dividendo de $ 7,15 pesos por acción.

Asimismo, la empresa petrolera anunció que pondrá el pago de dividendos a disposición de los accionistas a partir del lunes 14 de noviembre, y agregó que el tipo de cambio que se aplicará a la cancelación de los ADRs y de los accionistas domiciliados en el exterior, será el previsto para la venta del dólar estadounidense de las 48 horas anteriores a la fecha en que se pongan a disposición los dividendos en la Argentina.