La nueva Ley 1640 plantea un paso importante hacia la digitalización de activos en Bolivia. En esencia, reconoce la validez legal de ciertos activos tokenizados y fija un punto de partida regulatorio. Pero una cosa es crear una posibilidad legal y otra muy distinta es resolver los verdaderos problemas de acceso al crédito y financiamiento en Bolivia.

La tokenización puede ser una herramienta útil en algunos contextos, pero no es una solución mágica. De hecho, si se presenta como tal, puede convertirse en una distracción costosa.

Idea central: la tokenización no corrige por sí sola la falta de ingresos trazables, la debilidad financiera, la ausencia de formalización ni los problemas de ejecutabilidad legal del activo. Si esos cimientos fallan, el token solo digitaliza un riesgo preexistente.

¿Por qué la tokenización no es la solución mágica para Bolivia?

Porque el problema de fondo no es tecnológico. El acceso al crédito depende, antes que nada, de la existencia de empresas y personas con capacidad real de pago, ingresos trazables, cierto orden financiero y activos que generen confianza. Si una empresa no vende lo suficiente, no tiene historial, no puede demostrar ingresos o ya está operando al límite, el hecho de tokenizar un inmueble o una cuenta por cobrar no cambia sustancialmente el riesgo del negocio.

En Bolivia muchas PYMEs no tienen estados financieros sólidos, manejan parte de su operación fuera del sistema formal o no cuentan con balances que permitan a un tercero evaluar su capacidad de repago. En ese contexto, pretender que la tokenización abrirá automáticamente nuevas fuentes de financiamiento es un error. Lo que el mercado necesita primero es madurez empresarial, bancarización, formalización, mejor gobierno corporativo y estructuras legales claras. La tecnología no reemplaza esos cimientos.

Primera fase: el activo debe existir y ser jurídicamente claro

Todo proceso de tokenización empieza por un activo subyacente. Puede ser un inmueble, una participación societaria, derechos de cobro, inventario o incluso un flujo futuro. Pero ese activo debe estar bien definido, ser jurídicamente transferible o explotable, no tener contingencias importantes y poder ser documentado sin dudas.

Si no existe claridad sobre la propiedad, sobre las limitaciones contractuales o sobre la posibilidad de ejecutar ese derecho en caso de incumplimiento, el token es solo una representación digital de un problema legal no resuelto. En la práctica, esto significa que la tokenización no arregla defectos previos: si el activo es débil, disputado, ilíquido o difícil de ejecutar, seguirá siéndolo aunque esté en blockchain.

Segunda fase: estructurar el vehículo y cumplir la regulación

Luego viene la fase realmente sensible: cómo se estructura jurídicamente la emisión. ¿El token representa una copropiedad? ¿Un derecho de crédito? ¿Una participación económica? ¿Una expectativa? ¿Un valor? Dependiendo de la respuesta, cambian las implicaciones regulatorias, tributarias, societarias y de protección al inversionista.

Aquí es donde muchos proyectos subestiman la complejidad. No basta con acuñar tokens y publicarlos en una plataforma. Hay que analizar si la oferta puede considerarse pública, si requiere autorizaciones, cómo se hará el resguardo documental, quién será el emisor, qué disclosures se entregarán a los inversionistas y cómo se tratarán temas como prevención de legitimación de ganancias ilícitas, custodia y tributación. En otras palabras: el trabajo relevante sigue siendo legal y estructural, no tecnológico.

Tercera fase: generar confianza y demanda real

Incluso si el activo está bien definido y la emisión está jurídicamente bien estructurada, falta lo más difícil: conseguir compradores o financiadores reales. Nadie invierte solo porque algo esté tokenizado. El inversionista compra si entiende el riesgo, confía en el emisor, percibe retorno razonable y cree que existe una vía clara para salir o recuperar valor.

Si no hay confianza, no hay liquidez. Y sin liquidez, la promesa de democratización financiera pierde fuerza. Por eso, muchas veces el verdadero cuello de botella no está en digitalizar el activo, sino en construir reputación, gobernanza, información verificable y mecanismos de ejecución confiables.

Cuarta fase: administrar la relación con inversionistas y cumplir en el tiempo

Una vez emitidos los tokens, el problema no termina. Empieza la necesidad de reportar, administrar pagos, manejar eventos de incumplimiento, actualizar información, atender reclamaciones y sostener la operación en el tiempo. Si la estructura no fue pensada para eso, el proyecto puede deteriorarse rápidamente.

La tokenización no elimina la necesidad de administración profesional; en ciertos casos, incluso la incrementa. Por eso es fundamental distinguir entre digitalización útil y narrativa comercial vacía.

Conclusión: la tokenización puede reducir fricciones, mejorar trazabilidad o facilitar la participación en ciertos activos, sí. Pero no convierte por sí sola un negocio riesgoso en uno financiable, ni un activo problemático en uno atractivo.

Si estás evaluando tokenizar activos o estructurar un vehículo de financiamiento alternativo, el punto de partida no debería ser la plataforma tecnológica, sino la calidad del activo, la viabilidad legal de la estructura y la tesis económica real detrás del proyecto.