Como profesionales del conocimiento, nos es inevitable realizar comparaciones cada vez que nos trasladamos, entre nuestro lugar original de ejercicio y el nuevo. Muchas de las instituciones legales con las que trabajamos son evidentemente trasnacionales, y los matices están dados por los detalles de regulación local. La institución del seguro es un claro ejemplo. Este artículo no pretende proponer la implementación de un instituto extranjero (El Consorcio Asegurador), ni criticarlo. Simplemente, por intermedio de este ejemplo, introducir la idea de revisar nuestra propia concepción de ciertos institutos, sea cual sea nuestra área de especialización, que creemos ya fracasados en nuestro país, pero sin embargo parecen funcionar en otros.

El seguro puede ser analizado desde tres puntos de vista. Como contrato, como negocio, o como un instituto social. Nos centraremos a los fines de este artículo en los últimos dos.

El negocio asegurador gira en torno a maximizar la ganancia fruto de la diferencia entre lo cobrado por las pólizas suscriptas y lo que deba abonarse más tarde en concepto de siniestros, gastos de explotación, y los costos fijos de la operatoria.[ii]

A estos fines podríamos definir al siniestro como el suceso a partir de cuya ocurrencia se materializa el riesgo asumido por el asegurador en el contrato de seguro, desencadenando el nacimiento de obligaciones y derechos recíprocos entre las partes[iii].

A fin de que estas obligaciones sean exigibles al asegurador habrá que:

Primero verificar la Cobertura Temporal; asociando el evento denunciado con la póliza en el marco en el cual se denuncia. Esto implica identificar el riesgo asegurado, y si existe en la compañía un contrato vigente que lo ampare al momento de ocurrencia[iv] del hecho dañoso.[v]

Segundo, corroborar que el hecho ha sido denunciado en Plazo.[vi].

Tercero confirmar la Cobertura Financiera, esto es que el asegurado ha cumplido con su obligación de pago de la prima en al plazo convenido[vii].

Finalmente proceder a la confirmación de la Cobertura técnica[viii]. Ello consiste en encuadrar el hecho denunciado dentro de las coberturas brindadas por el contrato que vincula a asegurador y asegurado. Aquí será fundamental la evaluación de los hechos narrados, y la claridad del texto de póliza, dado que en caso de duda se estará a la interpretación más beneficiosa para el asegurado[ix].

Es en este punto donde se procederá al análisis de las exclusiones de cobertura. Sin pretender ingresar en el debate de la naturaleza de las mismas, nos limitaremos a definir como exclusiones a las situaciones vinculadas a la ocurrencia del hecho dañoso causa de la denuncia, sobre las que las partes han acordado expresamente no pactar cobertura.

Desde el punto de vista del negocio, es evidente que estas situaciones no deberían de encontrar amparo en el seguro celebrado. Ello desde que el precio de los seguros está dado por el resultante entre la posibilidad de ocurrencia de un evento (P) y la intensidad esperada del mismo (I)[x]. El precio incorpora aquí toda la información con que las partes cuentan para la fijación de un precio[xi]. Para la subsistencia de un mercado sano de seguros, los contratos deberían ser respetados. Ello permite a las aseguradoras proyectar sus resultados, poder efectivamente valuar los riesgos que desea asumir, y no desequilibrar el mercado, trasladando los mayores costos de enfrentar riesgos no asumidos al resto del mercado.

Es sin embargo comprensible que, a esta altura, donde a sabiendas de la importancia económica de conservar un mercado asegurador local sano como garantía del riesgo de la industria y del desarrollo comercial, nos plantemos que pasa con el seguro como instituto social. Sería inaceptable esperar, o incluso aceptar, que los magistrados obliguen a entidades aseguradoras privadas, a extralimitarse de las obligaciones a su cargo para indemnizar eventos excluidos. Eventos que, por su naturaleza o bien no son asegurables desde la técnica aseguradora, o su riesgo es tal que ningún asegurador pareciera poder enfrentarlo. Lo mismo sucedería en caso de que sean riesgos no asumidos en el precio abonado por el asegurado. ¿Qué incentivos se generarían en los particulares que aun cuando no han enfrentado el costo de un seguro reciben los beneficios del mismo? ¿Cuánta inversión se esperaría de una empresa que se ve obligada a responder ante eventos para eventos no suscriptos y por ende para los que no ha constituido reservas?

A fin de morigerar este escenario, en España se ha creado El Consorcio de Compensación de Seguros, como una entidad con personalidad jurídica propia e independencia, adscrita a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía y Hacienda[xii]. Esta entidad cuenta con dos tipos de funciones principales. La primera vinculada a la administración de entidades de seguros en proceso de liquidación, ajeno al interés de este trabajo.

Su otra función, es la de actuar como reserva de garantía para los casos en los que las aseguradoras no cubren a asegurados o terceros afectados, para que no queden desamparados. Pero lejos de aguardar un proceso de rechazo de cobertura o un reclamo, ex antelas partes ya conocen que casos no encontrarán cobertura en el asegurador, y deberán canalizar sus reclamos ante el Consorcio. Estas son la cobertura de daños por riesgos extraordinarios, el seguro obligatorio de responsabilidad civil automotor, el seguro agrario combinado, incendios forestales y riesgos medioambientales.

Pero no hemos de creer que el Consorcio indemnizará a cualquiera que, expuesto a uno de los supuestos mencionados, demande una indemnización. El Consorcio se rige por la misma legislación de derecho privado que las aseguradoras, y solo responderá cumplidos los requisitos específicos para cada caso.

En el Caso de su función de Aseguramiento de Riesgos Extraordinarios, el consorcio indemnizará los daños ocurridos en ocasión de fenómenos naturales (inundaciones, terremotos, las consecuencias de lluvias y vientos superiores a ciertos parámetros, etc.) y hechos de incidencia política o social (vinculados a tumultos, terrorismo, fuerzas de seguridad[xiii], etc.) excluidos de las cobertura de aseguradoras particulares, siempre que los bienes y personas por los que se pretende una indemnización cuenten con un seguro. Adicionalmente a tener una póliza suscrita, que ampare los bienes afectados, a fin de poder ser beneficiario de una indemnización se requerirá (a) que el pago de su prima este al día, dado que incluye la alícuota que financia al Consorcio, y (b) que haya trascurrido el plazo de carencia de siete días entre la suscripción y el evento.

En cuanto al Seguro Automotor Obligatorio, el Consorcio obrara de dos formas. La primera como una entidad privada, emitiendo una póliza y cobrando una prima por ello. Esto tanto en el caso de seguro obligatorio de Responsabilidad Civil para vehículos (i) no asegurables en ninguna aseguradora privada[xiv], y para (ii) aquellos de organismos públicos que así lo soliciten[xv]. La segunda modalidad será indemnizando por los daños físicos padecidos a las víctimas de accidentes de la circulación responsabilidad de vehículos desconocidos, robados, o sin seguro. En este último supuesto, el Consorcio accionará por los gastos incurridos contra los responsables.

En el caso de Seguro Agrario Combinado, el Consorcio actuara en un rol similar al de un reasegurador con facultades para la colaboración de siniestros[xvi].

En al caso de Seguros Forestales, se procederá a la indemnización de los perjuicios sufridos tanto por los afectados directamente por el incendio (o sus sucesores), como a aquellos afectados en los procesos de contención y extinción de los incendios.[xvii]

En cuanto a su rol frente a los Siniestros Medioambientales, el consorcio forma parte del pool medio ambiental[xviii] que a modo de coaseguro atiende los daños accidentales de este tipo.

Vemos de esta forma como este mecanismo permite el desarrollo del mercado de seguro como negocio, sin desatender el rol del instituto como reserva de garantía social.

Ello si bien reduce las externalidades que podrían devenir del traslado del costo de enfrentar los riesgos no asumidos (la socialización del costo), no son las elimina. En primer lugar, dado que existe un precio adicional abonado por los asegurados a fin de solventar el Consorcio. En segundo lugar, cualquier entidad de administración y redistribución de fondos, implica una estructura, y por, sobre todo, requiere de control en el cumplimiento de objetivos. Todo lo cual no hace más que incrementar el monto de la alícuota requerida. Como refiriéramos al principio del artículo, radicará en la reglamentación local que cada ordenamiento quiera dar a este instituto, su conveniencia o no.