La justicia venezolana dio su aval al decreto del presidente de ese país, por medio del cual  se nacionalizó la industria cementera para operar con exclusividad en ella. Las empresas dedicadas a dicha industria, eran de capitales mexicanos, suizos y franceses. Tal  decisión fue tomada por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela quien en su fallo, expresó que dicha estatización es de fundamental valor estratégico para el desarrollo  económico y social del país. Por su parte, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, había expresado en el momento de la nacionalización, que las empresas del sector exportaban la mayoría de su producción, lo cual perjudicaba al mercado local. Según declaraciones efectuadas por el propio presidente de Venezuela, las empresas cementeras son necesarias para el país  debido a que se ha producido un gran crecimiento en la construcción. Con respecto al valor de la indemnización, el gobierno mantiene negociaciones por separado con cada una de las empresas. También, se encuentra negociando las condiciones de los trabajadores.