El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) había establecido, mediante resolución fundada, la obligatoriedad de donar las células madre para asignarles un uso público.

En tal sentido, la procuradora adjunta, Laura Monti, consideró la determinación como “inválida” desde el punto de vista constitucional e instó a la Corte Suprema de Justicia a rechazarla.

La funcionaria afirmó que el Instituto incurrió en un”exceso de reglamentación” y le aconsejó al Tribunal que confirmara un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, el cual hizo lugar a una acción de amparo de una particular que se oponía al procedimiento.

Cabe señalar que el proceso médico en cuestión se refiere a la obligatoriedad de la donación de células que se extraen del cordón umbilical del bebé al momento de su nacimiento. Según estudios, este accionar contribuiría a la cura de enfermedades como el Alzheimer o la diabetes, entre otros.

En tal sentido, la mencionada obligatoriedad tiene la posibilidad de ser sancionada mediante una ley específica ya que el dictamen de la cámara en el caso particular dejó abierta dicha opción.