El pasado 26 de enero la Comisión Europea, en representación de la Unión Europea (“UE”), y Brasil anunciaron la adopción de decisiones de adecuación recíprocas en materia de protección de datos personales. Más allá de su relevancia técnica bajo sendos regímenes jurídicos, este desarrollo debe leerse como una señal política y económica clara: la consolidación de un espacio de confianza regulatoria para los flujos internacionales de datos entre Europa y América del Sur.

En un contexto de creciente dependencia de servicios digitales, comercio electrónico y modelos de negocio basados en datos, la adecuación vuelve a posicionarse como un instrumento clave de facilitación del comercio internacional.

La decisión de adecuación implica que las transferencias de datos personales entre la UE y Brasil pueden realizarse sin la necesidad de mecanismos adicionales, tales como cláusulas contractuales tipo u otras salvaguardas, al reconocerse que ambos sistemas ofrecen niveles de protección sustancialmente equivalentes.

Un elemento particularmente relevante de este anuncio es su carácter recíproco. No se trata únicamente de una evaluación unilateral, sino de un reconocimiento mutuo que refuerza la estabilidad y previsibilidad del marco aplicable a flujos de datos transfronterizos.

Desde una perspectiva regional, la decisión cobra aún mayor relevancia si se considera que Argentina y Uruguay ya cuentan con decisiones de adecuación vigentes por parte de la UE. Con la incorporación de Brasil, tres de los principales países del Mercosur se encuentran hoy dentro del círculo de jurisdicciones consideradas adecuadas por la UE, un dato con implicancias que exceden el ámbito estrictamente regulatorio.

La adecuación recíproca UE–Brasil, sumada a las adecuaciones ya existentes de Argentina y Uruguay, y la reciente ley de protección datos personales de Paraguay sancionada el 27 de noviembre de 2025 consolida al Mercosur como una región particularmente bien posicionada para el comercio y la inversión en la economía digital. Este alineamiento regulatorio resulta especialmente significativo en el contexto del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y el Mercosur, recientemente aprobado a nivel político, y que apunta a profundizar la integración económica entre ambos bloques.

En este escenario, la protección de datos deja de ser únicamente una obligación de cumplimiento para convertirse en un activo estratégico, capaz de facilitar operaciones, atraer inversiones y habilitar nuevos modelos de negocio entre Europa y América del Sur.

Queda pendiente que Argentina, Brasil y Uruguay se reconozcan recíprocamente la adecuación que resulta necesaria para agilizar y facilitar las transferencias internacionales. Al momento, Argentina y Uruguay solo lo han hecho entre sí.