A través de la publicación del decreto 328 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional formalizó la constitución de una comisión de garantías integrada por representantes empresarios, sindicalistas y académicos la que ante conflictos laborales tendrá la potestad de calificar excepcionalmente dicha actividad como servicio esencial, asegurando la realización de guardias y prestaciones mínimas que evitan la paralización total de los servicios.

La nueva comisión que comenzará a funcionar a partir del 30 de marzo, tendrá la facultad de calificar como esenciales otras actividades, en forma excepcional, a las reconocidas en el artículo 24 de la ley 25.877 de ordenamiento de Régimen Laboral, cuando estas afrontaren situaciones de conflicto laboral y siempre que la interrupción de tales servicios a raíz de las medidas de fuerza pudieran poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la población.

Es importante recordar que la mencionada normativa reconoce como esenciales los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas, y el control de tráfico aéreo.

Desde el Ministerio de Trabajo negaron que la función de dicha comisión sea la de declarar la legalidad de una medida de fuerza, advirtiendo que ello es una responsabilidad exclusiva de la Justicia.

Mediante la formalización de la creación de la comisión de acuerdo con los planteos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se transfiere una facultad que era una potestad exclusiva del Ministerio de Trabajo a un cuerpo colegiado compuesto por representantes de la CGT y la CTA, por el sector gremial, la UIA y la CAC, por el sector empleador, sumándose a ellos referentes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Colegio de Abogados y el Estado.