La iniciativa elaborada por Héctor Recalde para que los trabajadores participen en las ganancias de las empresas, contempla en su artículo 31º, que en un plazo de tres años, todas las compañías privadas se encontrarán alcanzadas por tal disposición.

El proyecto que en el día de ayer ingresó formalmente a la Cámara de Diputados, contempla que durante el primer año de vigencia, sólo las empresas de más de 300 trabajadores se encontrarían alcanzadas por la medida, ampliándose a aquellas compañías de más de 100 trabajadores para el segundo año, mientras que al tercer año se ampliaría el ámbito de aplicación de la norma a todas las empresas del sector privado.

De acuerdo a la iniciativa, para que las empresas deban distribuir utilidades con sus trabajadores, deben tener un monto mínimo de ganancias, dejando la determinación de tales cifras al denominado consejo nacional de participación laboral en las ganancias, un ente creado para ser la autoridad de aplicación de la norma.

Tal órgano se encontrará formado por doce integrantes, de los cuales cuatro serán en representación del Estado, cuatro por la CGT, y otros cuatro pertenecientes a las asociaciones de empleadores “suficientemente representativas”.

Por otro lado, la iniciativa exceptuaría de la obligación de participar utilidades a aquellas empresas que poseen menos de dos años de antigüedad, y por un plazo de cuatro años a las compañías creadas para la provisión de “un nuevo bien o servicio”.