El crimen cruza fronteras. Las fuerzas policiales no. Esta realidad simple ha hecho que la cooperación internacional sea esencial, pero los mecanismos diseñados para cerrar esa brecha siguen siendo poco comprendidos.

Pregúntele a la mayoría qué es Interpol y describirán una fuerza policial global. Pero se equivocan: pese a su representación en el cine y la televisión, la Organización Internacional de Policía Criminal no realiza arrestos, no patrulla fronteras y no persigue sospechosos. Es una red de intercambio de información que conecta a fuerzas policiales de 196 países. Nada más. Pero eso no la hace menos poderosa.

La herramienta principal de este sistema es la Notificación Roja. Estas alertas permiten que policías de todo el mundo identifiquen y potencialmente detengan a sospechosos que cruzan fronteras. Suena sencillo. No lo es.

Aquí está la paradoja. Una Notificación Roja no es una orden internacional de arresto. No tiene autoridad jurídica independiente para obligar a detener a nadie. Es simplemente una solicitud de un país pidiendo ayuda a otro para localizar y detener provisionalmente a alguien buscado para enjuiciamiento. Sin embargo, en la práctica, a menudo funciona exactamente como una orden de arresto. La forma en que los países responden varía enormemente. Algunos tratan las Notificaciones Rojas como fundamento para la detención inmediata. Otros solo las registran y esperan solicitudes formales de extradición. Esta inconsistencia crea un mosaico de aplicación que resulta esencial para la justicia, pero también vulnerable al abuso.

Sudamérica se encuentra cada vez más en el centro de esta conversación. Las Notificaciones Rojas emitidas por y contra personas en la región han aumentado notablemente en los últimos años. Algunas reflejan esfuerzos legítimos para combatir el crimen transnacional. Otras no. El sistema ha sido instrumentalizado para venganzas políticas. Ha sido explotado en disputas comerciales disfrazadas de causas penales. Los países del continente deben lidiar con casos de corrupción que abarcan múltiples jurisdicciones, delitos económicos que ignoran fronteras y el desafío de garantizar la rendición de cuentas sin sacrificar derechos fundamentales.

El sistema en sí es impresionante. Interpol mantiene bases de datos que permiten a los Estados miembros compartir información crítica a nivel global. Más allá de las Notificaciones Rojas, los países pueden emitir difusiones mediante procedimientos menos formales. Las consecuencias prácticas son idénticas. Para quienes están sujetos a estas alertas, el impacto es inmediato. Cruzar fronteras se vuelve peligroso. Los viajes internacionales pueden volverse imposibles. Los arrestos pueden ocurrir en cualquier lugar, lejos del país donde se originaron los cargos.

Pero un sistema tan poderoso exige vigilancia. Los mecanismos que permiten la cooperación para perseguir a verdaderos delincuentes pueden ser explotados. Regímenes autoritarios han usado Notificaciones Rojas para perseguir opositores políticos. Disputas comerciales se han convertido en causas penales para obtener ventaja estratégica. Las garantías del debido proceso se han esquivado mediante el uso expedito de alertas internacionales. Los ejemplos no son teóricos.

Argentina ha desarrollado una experiencia significativa en este ámbito. El país conoce los asuntos penales transfronterizos, los casos de corrupción que recorren distintas jurisdicciones y los delitos económicos que se resisten a respetar fronteras. A medida que aumentan las Notificaciones Rojas que afectan a personas en Sudamérica, esta experiencia adquiere mayor relevancia. Comprender estos mecanismos—cuándo sirven a la justicia y cuándo se abusan—ha pasado de ser un interés académico a una necesidad práctica.

Reformar no significa desmantelar la cooperación penal internacional. Significa reforzar las salvaguardias. Garantizar transparencia cuando sea posible. Mantener mecanismos sólidos para impugnar alertas que no cumplan estándares adecuados. Interpol ha creado la Comisión de Control de Ficheros para estos desafíos. La conciencia sobre estas protecciones sigue siendo limitada. El acceso puede ser difícil.

Estas cuestiones serán analizadas en el Colegio de Abogados de Buenos Aires a comienzos de diciembre, cuando profesionales y académicos se reúnan para debatir los desarrollos del derecho penal internacional.

Comprender cómo opera Interpol se ha convertido en un conocimiento esencial, no en una pericia opcional. La diferencia entre lo que estos mecanismos fueron diseñados para ser y cómo funcionan en la práctica puede marcar la línea entre la justicia y la injusticia. Las fronteras son cada vez más porosas para la información, mientras siguen siendo barreras para la actuación policial tradicional. Los sistemas que cierran esta brecha solo aumentarán en importancia.

El derecho penal internacional no es abstracto. Funciona en aeropuertos, fronteras y comisarías de todo el continente todos los días. Sudamérica puede ayudar a garantizar que la búsqueda de justicia transfronteriza siga anclada en el Estado de derecho. Este trabajo exige un compromiso crítico con estos sistemas, comprender su uso adecuado y desafiar sus abusos.

El sistema es sólido. Pero los sistemas sólidos requieren atención constante. Necesitan profesionales dispuestos a comprender sus complejidades, defender su uso correcto y cuestionar su abuso. Ese trabajo continúa aquí.