Como respuesta a la creciente presión internacional para que el país adopte medidas contra el lavado de dinero, y teniendo en cuenta la crisis global, el gobierno busca reformar la ley de oferta pública (17.811), sancionada en 1968, con el fin de poder intervenir en el mercado de capitales local.

El anteproyecto que analiza la Comisión Nacional de Valores (CNV) antes de su elevación al Congreso, el cual ya despierta críticas entre los agentes de bolsa y analistas financieros que no están de acuerdo con dejar de lado el concepto de “autorregulación”, contempla que la CNV tenga “la facultad de sancionar a los agentes de bolsa y del mercado de valores si se detectan irregularidades, algo que ahora está en manos del propio mercado”.

La reforma podría verse acelerada por el Gobierno luego del informe crítico presentado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), donde se incluyen críticas por la falta de controles en el mercado de capitales, admitiendo fuente oficiales que “el GAFI señaló que hay que subsanar la cuestión de la falta de poder sancionatorio por parte del Estado, mas allá de que hay otras razones para cambiar la ley”.

En el plenario el GAFI en París que tendrá lugar dentro de un mes, el Gobierno tendrá la posibilidad de plantear los cambios necesarios para evitar el pedido de sanciones que podrían afectar aún más los costos financieros del país.

De acuerdo a lo publicado por el diario La Nación, el titular de la Bolsa porteña, Adelmo Gabbi, señaló que “no hay mejor forma de control contra el lavado que la que ejerce el propio mercado, porque en la Argentina sólo se puede operar con dinero en blanco y sabiendo el origen de los fondos”, agregando a ello que “sería ridículo eliminar la autorregulación debido a que en 42 años de vigencia de la ley no hubo problemas”.