La disputa relacionada con la promoción industrial,  iniciada con la demanda de la empresa Orbis -radicada en la provincia de San Luis-, llegó a la Corte Suprema de Justicia.

De esta manera, el Máximo Tribunal fijó un plazo de 90 días para que las provincias y el Gobierno nacional lleguen a un acuerdo vinculado a la ecuación económica del contrato original de promoción industrial.

Los gobernadores de San Juan, San Luis y La Rioja se hicieron presentes en la provincia de Buenos Aires para hacer oír sus reclamos. Por su parte, La Nación defendió sus intereses a través del ministro de Economía, Hernán Lorenzino; el ministro de Industria, Débora Giorgi; y el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray.

La disputa se centra en que las empresas buscan mantener los acuerdos preexistentes acerca de los bonos fiscales. Estos son los mecanismos utilizados para poder gozar del beneficio de no pagar ciertos tributos, como por ejemplo Ganancias y el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El inconveniente se presentó con la devaluación de la moneda en el año 2002. Allí, los valores de los instrumentos fiscales quedaron desactualizados y las empresas comenzaron a abonar tomando como criterio la devaluación. Ahora, la AFIP les reclama una deuda por más de 1.000 millones de pesos.

Por su parte, los gobernadores expresaron ante la corte que el régimen de promoción permitió el desarrollo industrial, económico y social de las provincias. En contraposición, el Gobierno nacional continúo con una postura renuente a la posibilidad de volver a expresar los créditos de promoción aunque se mostró tendiente a trabajar de forma conjunta para solucionar el problema en el plazo estipulado por el Máximo Tribunal.