El oficialismo en la Cámara de Diputados está dispuesto a tratar la cuestión social en el recinto. Pero planteará como alternativa, al proyecto de oposición de ingreso universal para la niñez, una iniciativa del laboralista Héctor Recalde para ampliar las asignaciones familiares por hijo y por ayuda escolar a los trabajadores en negro. “En lugar del ingreso universal, nosotros vamos a proponer el proyecto de Recalde de asignaciones familiares para trabajadores informales”, contó a este diario una alta fuente del kirchnerismo parlamentario. La idea es avanzar con un proyecto intermedio entre los planes sociales actuales y el ingreso universal que impulsa parte de la oposición. La propuesta de Recalde, que deja una puerta abierta para un mayor control sobre el trabajo no registrado, ya tiene dictamen favorable de la comisión de Legislación Laboral desde fines del año pasado. Pero todavía está pendiente en las comisiones de Legislación Penal y de Presupuesto. Plantea una asignación mensual por hijo menor de 18 años y una anual en concepto de ayuda escolar, beneficios que ahora perciben los trabajadores en blanco. Para acceder, los interesados tienen que acreditar, mediante declaración jurada, lugar de trabajo, actividad y antigüedad, además de los certificados de escolaridad y la identidad de los menores a su cargo. El oficialismo es reacio a la propuesta de la oposición. Y torea a los opositores con el argumento de las retenciones: “Por un lado, postulan la baja de las retenciones y no dicen de qué manera piensan financiar el ingreso universal y el costo fiscal de una eventual reducción de los derechos de exportación”, esgrimen. La Coalición Cívica impulsa la iniciativa de ingreso universal. Y todo indica que será parte de la agenda de consenso del Acuerdo Cívico y Social (que integran radicales, cívicos, incluidos ‘margaritos’, y socialistas), que el jueves resolvió, como parte de un intento de atenuar los rumores de ruptura entre los seguidores de Elisa Carrió y Margarita Stolbizer, elaborar proyectos en común en materia social. Es un proyecto presentado en 1997 por Carrió y Elisa Carca, cuando ‘Lilita’ era diputada por la UCR. El mismo fue re-presentado por Adrián Pérez en 2004 y, cuatro años después, todo el bloque de la CC lo volvió a firmar. Abarca a todos los menores de 18 y a todas las mujeres embarazadas. Establece una escala (130 pesos en la franja prenatal y hasta 5 años; 214 pesos para entre 6 y 15 años; y 244 pesos para adolescentes entre 16 y 17 años) que -según sus cálculos- cubriría a 13.700.000 personas y tendría un costo anual de 30.800 millones de pesos. Desde esa bancada aseguran que el sistema se puede financiar con fondos de los actuales programas sociales, más la aplicación de impuestos al juego y de retenciones a las exportaciones mineras, de petróleo y gas. Una propuesta similar tienen los ex aristas de Solidaridad e Igualdad (SI). “El origen del proyecto de la Coalición, el nuestro es un trabajo que hicieron, a principios de los ’90, Lo Vuolo (Rubén, ex asesor económico de Carrió) y Lozano (Claudio, diputado de Proyecto Sur e histórico economista de la CTA)”, aclararon desde el SI. Para ellos, universalizar las asignaciones sociales implica terminar con el clientelismo, evitar que se digite quién cobra y quién no, y poner un piso de ciudadanía. “La escuela pública es universal. La diferencia no debe ser la prestación, la diferencia debe estar en el plano tributario”, explicaron desde la conducción del bloque a modo de respuesta. Unión-PRO, en cambio, propugna crear un programa de ingreso básico familiar (IBF), que consiste en una “prestación monetaria no retributiva de carácter mensual con corresponsabilidades que se otorga a las familias que se encuentren en situación de pobreza e indigencia”. Con ello se busca “asegurar el derecho a la alimentación adecuada y a la integración social de las familias”. Se implementaría a través de un registro único de beneficiarios y una “tarjeta social”. Pero, si bien se conocen las alternativas, hasta ahora el debate social carece de fecha de tratamiento. Otros puntos, como agro, Reforma Política y Consejo de la Magistratura, aparecen como mejor posicionados. Fuente: Cronista.com