El legislador porteño Alejandro Bodart y el abogado ambientalista Enrique Viale habían denunciado a la primera mandataria por la firma del decreto 929/2013, el cual creó el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos y que posteriormente permitió el acuerdo entre YPF y Chevron.

Ahora el fiscal general ante la Cámara Federal porteña, Germán Moldes, apeló el fallo que ordenó investigar a Cristina Fernández y solicitó que se ratifique el dictamen del fiscal de primera instancia, Eduardo Taiano, que opinó que la causa debía ser cerrada.

Cabe señalar que esta decisión fue recovada por la Cámara Federal local. Moldes consideró que el Ministerio Público Fiscal está amparado por el artículo 120 de la Constitución Nacional y, por ende, tiene independencia para decidir si impulsa o no una investigación. De esta manera, Moldes solicitó a la Cámara Federal de Casación Penal que avale el dictamen que dispuso archivar la denuncia.

En un principio, los denunciantes consideraron que el decreto había sido creado según los intereses de Chevron. El fiscal, luego de analizar la resolución de forma detallada, sentenció que no había delito y propuso el cierre de la acusación.

María Servini de Cubría, jueza federal, decidió anular el dictamen, y esto, a su vez, fue confirmado por la Sala II de la Cámara Federal. Así, se reactivó la investigación contra la mandataria.