La Alianza Global de Abogados del Caso Madoff, la cual fue constituida por iniciativa del estudio jurídico español Cremades y Calvo Sotelo  a principios de este año, propuso la creación de una Corte Financiera Internacional, con el fin de que la misma sea la encargada de atender aquellos casos que afecten a varias jurisdicciones. La propuesta será presentada ante los países del G-20 para que la analicen durante la próxima reunión que se llevará a cabo el 2 de abril en la ciudad de Londres. A través de tal iniciativa, se pretende aumentar la seguridad jurídica internacional, mejorando con ello la confianza en el mercado. Según declaró el presidente de la alianza, Javier Cremades, se podría colaborar con la solución de nuevos problemas financieros con la creación de nuevas herramientas para nuevos contextos, sobre todo en casos como el configurado con la presunta estafa de Madoff, donde las víctimas quedaron en una gran estado de indefensión, a lo que hay que sumar las dificultades que están afrontando los abogados para saber cuáles son los pasos que deben seguir. Desde la alianza, esperan que dicha propuesta sea atendida por la comunidad política internacional, teniendo en cuenta el compromiso  de cooperación internacional y reforma de las instituciones financieras internacionales asumidos por el G-20 durante la pasada reunión en Washington. Entre las principales competencias con las que debería contar la nueva Corte, se destacan la supervisión, inspección y sanción. Si bien los detalles en cuanto a la conformación de dicha institución serán mencionados la semana que viene en Madrid, estiman que la propuesta que se presentará, sostiene que la Corte Financiera Internacional deberá depender de organismos internacionales, tales como la ONU  o el Fondo Monetario Internacional. Por otro lado, las entidades que prestan sus servicios en mercados internacionales, tendrían que cumplir con ello de manera obligatoria. En casos de fraudes a niveles internacionales, como ocurre en el caso Madoff, los afectados tendrán la posibilidad de recurrir a los juzgados que les correspondiese por su jurisdicción nacional, u optar por la internacional.