En fechas recientes, un reconocido empresario boliviano encargó una serie de encuestas en todo el territorio nacional a una empresa de prestigio en ese ámbito. Entre estas encuestas destacaba una enfocada en las preocupaciones que afectan a la ciudadanía en general. Al analizar las diez principales inquietudes, se observa que siete están relacionadas con la crisis económica que atraviesa el país, y una resalta entre todas: el manejo inadecuado de los recursos naturales. Esta percepción refleja una insatisfacción creciente sobre cómo se gestionan las riquezas naturales y su impacto en el desarrollo económico.

La minería ha sido fundamental en la economía e historia de Bolivia desde tiempos coloniales. Desde el descubrimiento de las minas de plata del Cerro Rico en Potosí en 1545, la explotación minera ha influido en el desarrollo económico y ha tenido un efecto significativo en los ámbitos político y social. En la actualidad, minerales como el zinc, el plomo y la plata siguen siendo esenciales, representando aproximadamente el 28% de las exportaciones totales del país en 2022, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). A pesar de las fluctuaciones en el mercado internacional, el sector minero continúa siendo una actividad dominante en la estructura económica de Bolivia, generando empleo y contribuyendo al erario nacional.

Sin embargo, a partir de la promulgación de la Constitución Política del Estado en 2009, se introdujo un enfoque proteccionista respecto a los recursos naturales. Se establece que "los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano", y que corresponde al Estado su administración en función del interés colectivo. Esto implica que el Estado tiene control absoluto sobre la explotación, industrialización y comercialización de los recursos naturales. Además, se dispone que el Estado podrá suscribir contratos con personas o empresas privadas, nacionales o extranjeras, para la exploración y explotación de recursos naturales, pero siempre manteniendo la propiedad y el control sobre los mismos, para posteriormente ser analizados y aprobados por la Asamblea Legislativa. Estas disposiciones buscan garantizar la soberanía y el aprovechamiento equitativo de los recursos, priorizando el interés nacional sobre el privado. No obstante, la rigidez de este marco legal ha generado incertidumbre entre los inversionistas, disminuyendo la inversión extranjera directa en el sector minero y generando debates sobre su impacto en la atracción de inversiones y el desarrollo económico, dados los límites impuestos a la participación del sector privado.

Un ejemplo claro, conocido públicamente y fácilmente verificable, es el que se está desarrollando en el  "Triángulo del Litio", conformado por Argentina, Bolivia y Chile, que alberga alrededor del 58% de las reservas mundiales de litio, mineral clave para baterías y tecnologías verdes. Chile ha capitalizado este recurso gracias a políticas que favorecen la inversión extranjera y la participación privada, convirtiéndose en uno de los mayores productores globales. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), en 2022 Chile produjo aproximadamente 39,000 toneladas métricas de litio, posicionándose como el segundo productor mundial. Argentina, adoptando un enfoque similar, ha atraído inversiones para desarrollar su industria del litio mediante asociaciones público-privadas y un marco legal flexible que promueve la exploración y explotación eficientes. Proyectos como Salar de Olaroz y Salar del Hombre Muerto han avanzado gracias a la inversión extranjera directa, incrementando la producción y contribuyendo al crecimiento económico del país.

En contraste, Bolivia, pese a poseer el Salar de Uyuni con una de las mayores reservas de litio del mundo (estimadas en 21 millones de toneladas, según el USGS), y tener varios otros salares que se encuentran en proceso de certificación de reservas,  se ha rezagado debido a restricciones establecidas en el marco legal que rige este recurso. Dicho marco impone un control estatal estricto sobre los recursos naturales, limitando la participación privada y la inversión extranjera necesarias para desarrollar infraestructura y tecnología. Como consecuencia, Bolivia no ha aprovechado plenamente el auge del mercado mundial del litio, perdiendo oportunidades de generar divisas y desarrollo económico, evidenciando cómo los "candados legales" pueden obstaculizar el progreso en el sector minero. A pesar de esfuerzos como la creación de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y acuerdos recientes con consorcios internacionales, los avances han sido limitados, y la producción comercial de litio aún no ha despegado. En la práctica, estos candados no solo afectan a los inversores que ven a Bolivia como un socio potencial, sino también al propio gobierno, que debe buscar vías para desarrollar el potencial industrial del país en este rubro, sin incurrir en faltas a las normas aplicables.

Para superar los obstáculos legales y aprovechar el potencial minero de Bolivia, una opción es la ejecución de diferentes figuras contractuales entre empresas públicas y privadas. Estos pueden incluir contratos de servicios, acuerdos para pruebas de tecnología, la creación de empresas mixtas que combinen capital estatal y privado, y finalmente los contratos de asociación o Joint Venture u otros. Estas modalidades respetan la soberanía del Estado sobre los recursos naturales, ya que el control y la propiedad permanecen bajo dominio estatal, mientras se aprovecha la experiencia y los recursos del sector privado.

Los contratos de asociación, de producción minera entre otros, permiten que empresas privadas colaboren con entidades estatales como Comibol (Corporación Minera de Bolivia) o YLB, aportando inversión y tecnología para la exploración y explotación de recursos minerales. Las empresas mixtas son otra alternativa, donde el Estado y el sector privado comparten participación accionaria y gestión operativa, fomentando el desarrollo de proyectos mineros con beneficios para ambas partes.

Sin embargo, estos acuerdos enfrentan desafíos en la etapa de aprobación por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Aunque los acuerdos pueden cumplir con los requisitos técnicos y jurídicos, el proceso legislativo suele verse influenciado por consideraciones políticas. La necesidad de aprobación legislativa puede convertirse en un obstáculo cuando los legisladores buscan obtener ganancias políticas o presionan por intereses particulares, retrasando o impidiendo la ejecución de proyectos esenciales para el desarrollo económico.

Este ambiente político genera incertidumbre entre los inversionistas, quienes requieren seguridad jurídica y procesos transparentes para comprometer capital y recursos tecnológicos. La demora en la aprobación de contratos puede desalentar la inversión extranjera directa y limitar las oportunidades de crecimiento en el sector minero.

Para mitigar estos desafíos, es fundamental proponer mecanismos legales y procedimientos claros que agilicen el proceso de aprobación de contratos. Algunas propuestas son:

• Reformas legales que definan plazos y criterios específicos para la aprobación legislativa de contratos mineros, reduciendo la discrecionalidad y las demoras injustificadas, o eliminando la necesidad de aprobación por parte de la asamblea si se cumplen al menos dos requisitos: (1) que el Estado no erogue recursos económicos en el proceso y (2) que los derechos mineros y la soberanía del estado no se vean afectados.
• Fortalecimiento de las instituciones que facilitan la negociación y el seguimiento de acuerdos, garantizando transparencia y cumplimiento de las normativas. Es necesario verificar la idoneidad de los funcionarios a cargo de negociaciones de gran relevancia y complejidad, con el fin de acelerar los procesos y mantener los intereses del Estado resguardados, sin entorpecer el desarrollo de estos.
• Promoción del diálogo entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil, para generar consenso sobre la importancia estratégica de estos proyectos y su contribución al desarrollo nacional.

Además, es esencial fomentar la confianza entre las partes involucradas, demostrando que los acuerdos respetan la soberanía estatal y aportan beneficios sociales y económicos significativos. La implementación exitosa de proyectos piloto o acuerdos previos puede servir como referencia y generar mayor aceptación política y social.

En conclusión, Bolivia enfrenta un momento decisivo para redefinir el futuro de su industria minera y, con ello, su desarrollo económico. Los amplios recursos minerales del país, especialmente en el sector del litio, representan una oportunidad para impulsar el crecimiento y mejorar la situación económica del país en general. Sin embargo, los obstáculos legales y políticos actuales impiden que Bolivia aproveche este potencial.

Es necesario implementar reformas legales que equilibren la soberanía del Estado sobre los recursos naturales con la necesidad de atraer inversión y tecnología del sector privado. Establecer mecanismos claros, transparentes y eficientes para la aprobación de proyectos de gran proyección.