Una Guía Necesaria en un Contexto Complejo

El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal publicó recientemente su "Guía para el uso de Inteligencia Artificial para Abogados", un documento que marca un hito institucional en el reconocimiento de que la inteligencia artificial ya forma parte del ejercicio profesional del derecho. La guía, elaborada por el Laboratorio Fintech y Legaltech, constituye un esfuerzo genuino por orientar a los matriculados en el uso responsable de herramientas como ChatGPT, Claude o Gemini.

Sin embargo, la lectura atenta del documento revela una tensión no resuelta entre las aspiraciones de modernización tecnológica y las limitaciones estructurales del ecosistema legal argentino. Esta tensión merece un análisis detenido, no para criticar el destacable esfuerzo realizado, sino para comprender en forma clara los desafíos que enfrenta la profesión legal en su proceso de transformación digital.

El Mandato de Validación y la Realidad del Acceso a la Información

La guía establece que el abogado debe "validar todo el contenido" y "corroborar siempre la exactitud del antecedente informado por el sistema". Este principio, indiscutiblemente correcto desde la perspectiva deontológica, enfrenta un obstáculo práctico fundamental que la guía no aborda: la fragmentación y dificultad de acceso a las fuentes primarias del derecho argentino.

Consideremos el proceso de validación que un abogado debe realizar cuando ChatGPT le proporciona una referencia normativa. En países como España (o más cerca, Chile!), el profesional puede ingresar directamente al Boletín Oficial del Estado, realizar búsquedas avanzadas, descargar documentos en formatos procesables y verificar la vigencia de la norma con certeza absoluta. El sistema español permite incluso recibir alertas automáticas cuando una norma es modificada o derogada.

En Argentina, el panorama es radicalmente distinto. El Boletín Oficial de la República Argentina, si bien existe en formato digital, carece de funcionalidades de búsqueda avanzada comparables. No existe un sistema unificado que permita verificar rápidamente si una norma citada por la inteligencia artificial está vigente, ha sido modificada o derogada. Esta verificación, que debería tomar minutos, puede consumir horas de trabajo manual, navegando entre diferentes sitios web gubernamentales, muchos de ellos con interfaces obsoletas y sistemas de búsqueda deficientes. Es de esperar que pronto estén disponibles como lo están los datos de temáticas tan diversas como cuestiones de turismo, datos económicos, indicadores sociodemográficos, salud, etc a través del sistema Gobierno Abierto en el sitio argentina.gob.ar (***).

Mientras el Estado argentino puede publicar series temporales de inflación o comercio exterior en formatos procesables, el corpus legal completo de la República aún permanece:

1. Disperso en múltiples sitios web con diferentes estándares

2. No estructurado en formatos PDF sin metadatos consistentes

3. Sin versionado que permita tracking de modificaciones normativas

4. Sin APIs para acceso programático

Existe una gran oportunidad para colocar al país a la vanguardia de la gestión de  datos abiertos en materia legal.

La Paradoja de la Eficiencia Prometida

La implementación de inteligencia artificial en la práctica legal promete, fundamentalmente, una ganancia significativa en eficiencia. La capacidad de procesar grandes volúmenes de información, generar borradores iniciales de escritos y sistematizar jurisprudencia podría revolucionar el ejercicio profesional. Sin embargo, cuando cada output generado por IA requiere un proceso de validación que implica navegar manualmente por múltiples fuentes dispersas y poco accesibles, la ecuación de eficiencia se deteriora rápidamente.

Un ejemplo concreto ilustra esta problemática. Cuando un abogado necesita verificar la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre un tema específico, debe recurrir al Centro de Información Judicial (CIJ), que ha mejorado en los últimos años, aunque aún presenta limitaciones importantes en sus capacidades de búsqueda y filtrado. La información de tribunales inferiores está aún más dispersa, con cada jurisdicción manteniendo sus propios sistemas, generalmente incompatibles entre sí. Algunas provincias ni siquiera publican sistemáticamente sus fallos en formato digital. Aquí el federalismo debe lograr coordinación en pos de la seguridad jurídica y confiabilidad de la información normativa de todo el país.

Esta realidad contrasta marcadamente con sistemas como PACER en Estados Unidos o Légifrance en Francia, donde la totalidad de la jurisprudencia está centralizada, es searchable mediante criterios sofisticados y está disponible en formatos que permiten su procesamiento automatizado. La diferencia no es meramente tecnológica; representa una brecha fundamental en la capacidad de los profesionales para ejercer su práctica con las herramientas del siglo XXI.

El Costo Oculto de la Fragmentación

La guía del CPACF menciona acertadamente que "la IA cambia rápido" y que los profesionales deben "actualizarse constantemente". Sin embargo, resta abordar también el hecho de que muchos abogados argentinos dependen de servicios privados de información jurídica para acceder a bases de datos actualizadas y confiables. Estos servicios, si bien valiosos, representan un costo adicional significativo que no todos los profesionales pueden afrontar, especialmente aquellos que recién inician su práctica o trabajan con clientes de recursos limitados.

Esta dependencia de intermediarios para acceder a información que debería ser pública genera una estratificación en la profesión. Los estudios con recursos para pagar múltiples suscripciones pueden implementar sistemas de IA con mayor confianza, mientras que los profesionales independientes enfrentan barreras económicas adicionales para acceder a las mismas herramientas de validación.

La Responsabilidad Profesional en un Contexto de Información Imperfecta

La guía establece correctamente que el abogado mantiene la responsabilidad total sobre el contenido que presenta, independientemente de si fue generado con asistencia de IA. Este principio, fundamental para mantener la integridad profesional, adquiere una complejidad particular en el contexto argentino. Cuando las herramientas de verificación son deficientes y el acceso a la información primaria es problemático, el estándar de diligencia debida se vuelve difuso.

¿Qué nivel de verificación es razonable exigir cuando las fuentes oficiales son de difícil acceso? ¿Cómo se determina la responsabilidad profesional cuando un error deriva no de negligencia, sino de la imposibilidad práctica de verificar información en sistemas fragmentados y obsoletos? Estas preguntas no tienen respuestas simples y la guía, comprensiblemente, no las aborda en profundidad. Me surge una pregunta anacrónica quizá: Velez Sarsfield hablaría de “culpa concurrente”?

El Contraste Regional: La Experiencia Uruguaya

Mientras Argentina publica guías de uso, Uruguay ha dado un paso significativo en la regulación de la Inteligencia Artificial con la promulgación de la ley 20.212, específicamente en sus artículos 74 y 75. Estos establecen los principios rectores para la formulación de regulaciones por parte de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC) junto a la Unidad Reguladora y Control de Datos Personales (URCDP) cuando se trata de IA basada en datos personales (3)

La diferencia de enfoque es reveladora. Mientras la guía argentina se centra en recomendaciones individuales para el uso responsable de herramientas existentes, la normativa uruguaya establece un marco institucional comprehensivo. El artículo 74 atribuye a AGESIC el cometido de diseñar y desarrollar una estrategia nacional de datos e inteligencia artificial basada en estándares internacionales Ley N° 20.212 (de noviembre de 2023) (4), reconociendo que el problema no es solo cómo los profesionales usan la IA, sino cómo el Estado provee la infraestructura necesaria para su implementación efectiva.

Uruguay ya cuenta con una Estrategia Nacional de IA revisada y una Estrategia Nacional de Datos en desarrollo, contemplando aspectos de ética, privacidad, responsabilidad, transparencia y no discriminación (5).

El modelo uruguayo reconoce implícitamente que la implementación efectiva de IA en el sector legal requiere no solo profesionales capacitados, sino una infraestructura de datos públicos robusta, accesible y estandarizada.

La experiencia uruguaya también aborda un aspecto crítico: la revisión de los artículos 13 y 16 de la Ley de Protección de Datos Personales incluyendo estándares mínimos de transparencia, interpretabilidad y auditabilidad algorítmica, así como la revisión de la Ley de Acceso a la Información Pública incluyendo el derecho a ser informado sobre qué decisiones se toman de forma automatizada. Esta aproximación reconoce que la IA no es solo una herramienta que los profesionales usan, sino un elemento que transforma fundamentalmente la relación entre ciudadanos, profesionales y el Estado.

El Rol Institucional No Explorado

El CPACF en particular, y los Colegios de Abogados tanto en forma individual como en la FACA (Federación Argentina de Colegios de Abogados), se encuentran en una posición privilegiada para liderar la transformación digital del derecho argentino, más allá de la publicación de guías orientativas. La institución podría considerar iniciativas concretas que aborden las limitaciones estructurales identificadas.

Por ejemplo, esas entidades que nos representan como profesionales podrían liderar la creación de un repositorio unificado de información jurídica, acordando con organismos públicos el acceso sistematizado a bases de datos oficiales. Esta no es una propuesta utópica; colegios profesionales en otras jurisdicciones han desarrollado proyectos similares con éxito. El Consejo General de la Abogacía Española, por mencionar un caso, mantiene convenios que facilitan a sus matriculados el acceso a recursos digitales esenciales para la práctica profesional.

Asimismo, podrían establecer un programa de certificación de herramientas de IA para uso legal, evaluando no solo sus capacidades técnicas sino también su adecuación al contexto normativo argentino. Este tipo de certificación proporcionaría a los profesionales un marco de referencia confiable al momento de seleccionar herramientas tecnológicas.

La Dimensión Competitiva Internacional

Mientras el mercado legal argentino debate cómo implementar responsablemente la IA, estudios jurídicos internacionales ya operan con sistemas avanzados que les permiten ofrecer servicios más eficientes y económicos. Esta asimetría no es solo tecnológica; es fundamentalmente una diferencia en el acceso a infraestructura de información legal.

Cuando un estudio internacional puede verificar instantáneamente cualquier referencia legal mediante sistemas integrados, mientras su contraparte argentina debe realizar búsquedas manuales en múltiples plataformas, la diferencia en costos y tiempos se vuelve insostenible. Esta realidad amenaza con relegar a los profesionales locales a un rol secundario en transacciones complejas y casos de alto valor.

Hacia una Agenda de Transformación Real

La publicación de la guía del CPACF debe entenderse como el inicio de una conversación necesaria sobre el futuro digital de la profesión legal en Argentina. Sin embargo, para que esta conversación sea productiva, debe ampliarse más allá de las recomendaciones sobre el uso responsable de herramientas, para abordar las condiciones estructurales que limitan su implementación efectiva.

La modernización del ejercicio profesional del derecho no puede separarse de la modernización del ecosistema de información legal público. Mientras no exista un acceso funcional, sistemático y gratuito a las fuentes primarias del derecho argentino, cualquier implementación de IA enfrentará limitaciones fundamentales que reducirán su efectividad y aumentarán los riesgos profesionales.

El ejemplo uruguayo demuestra que es posible abordar estos desafíos de manera integral, estableciendo no solo guías de uso sino estrategias nacionales que reconocen la interdependencia entre infraestructura de datos, marcos regulatorios y práctica profesional. Argentina podría beneficiarse enormemente de un enfoque similar, que trascienda las recomendaciones individuales para abordar los problemas sistémicos que limitan la transformación digital del derecho.

Conclusión: se abrió un camino muy prometedor para el ejercicio profesional en la era de la IA.

La guía del CPACF representa un avance institucional importante en el reconocimiento de la IA como herramienta profesional. Sus recomendaciones sobre uso responsable, control humano y protección de datos son pertinentes y necesarias.

La verdadera modernización del derecho argentino requiere no solo guías de uso responsable, sino una transformación fundamental en la forma en que se publica, organiza y accede a la información legal pública. La experiencia uruguaya, con su enfoque integral que incluye estrategias nacionales y marcos institucionales claros, ofrece un modelo que Argentina podría adaptar a su propia realidad.

El desafío para el CPACF y la profesión legal en general no es solo aprender a usar las distintas IAs comerciales responsablemente, sino construir la infraestructura digital que permita a los abogados argentinos ejercer su profesión con las herramientas y estándares del siglo XXI. Solo así la promesa de la IA en el derecho podrá materializarse plenamente en beneficio de los profesionales y, fundamentalmente, de los justiciables.