La principal herramienta de trabajo de un abogado nunca fue la memoria. Siempre fue su capacidad de pensar críticamente. Hace apenas unos días, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago presentó una estrategia para adaptar la enseñanza jurídica a la era de la inteligencia artificial. Detrás de esa decisión hay una preocupación que también debería interpelar a las facultades de Derecho argentinas: si los estudiantes delegan en la IA el proceso de razonamiento mientras todavía están formando su propio criterio jurídico, el riesgo ya no es solo tecnológico. Es también educativo.

Cada vez es más frecuente ver a recién graduados que resuelven un caso pegando un prompt, que arman un escrito sin haber leído el fallo completo, que dejan que la IA les entregue el razonamiento ya masticado y se conforman con corregirle la ortografía. Hace un año, en esta misma columna, planteé que las nuevas generaciones de abogados corren el riesgo de dejar de aprender a pensar jurídicamente[i]. Esa sigue siendo la cuestión de fondo: un abogado aporta valor porque interpreta, cuestiona, argumenta, distingue y decide, no porque recuerde más jurisprudencia que una computadora. La novedad es que esa preocupación empieza a ser compartida por instituciones que están mirando el problema de frente: basta observar lo que acaba de hacer una de las universidades más prestigiosas del mundo.

El caso de Chicago

La Universidad de Chicago publicó una declaración estratégica formal —"Rethinking Legal Education in the AI Era"— que reconoce, con claridad, que el modelo con el que formamos abogados desde hace un siglo necesita ser revisado a la luz de este nuevo contexto. No es una recomendación aislada: es una hoja de ruta institucional que entra en vigencia este mismo ciclo lectivo, después de un año de consultas con egresados, estudios jurídicos y empresas de legaltech.

El decano Adam Chilton lo resumió así: la facultad debía preservar el pensamiento crítico que siempre distinguió a un buen abogado, mientras incorporaba el uso profesional de la IA[ii]. La estrategia se apoya en tres decisiones concretas: rediseñar la evaluación para que no dependa de tareas que la IA resuelve en segundos, blindar las habilidades que ningún algoritmo reemplaza, y enseñar el uso ético y crítico de estas herramientas[iii]. La medida que más repercusión tuvo fue la prohibición de laptops, tablets y celulares en las nueve materias troncales de primer año, con exámenes tomados en el aula, sin internet[iv]. La lógica es sencilla: si lo que se pretende evaluar es el razonamiento, la evaluación debe aislar el razonamiento de todo aquello que pueda sustituirlo.

Que esto lo haya decidido Chicago —y no una facultad cualquiera— importa. No porque sus medidas deban copiarse mecánicamente, ni porque la prohibición de dispositivos sea la única respuesta posible, sino porque pone sobre la mesa la pregunta que las facultades de Derecho ya no pueden evitar: cómo seguir enseñando a pensar cuando la IA ya produce respuestas convincentes. El debate dejó de ser una intuición aislada de algunos profesores inquietos y empieza a convertirse en una conversación institucional en una de las mejores universidades del mundo.

¿Por qué cambió el paradigma?

Durante décadas, enseñar Derecho implicó, en buena medida, enseñar a superar la escasez de información: ir a la biblioteca, leer doctrina, encontrar el precedente correcto entre miles de páginas. Mucho del diseño de la carrera —trabajos prácticos, resúmenes de fallos, monografías— se apoyaba en esa realidad. Es cierto que muchos estudiantes también recurrían a resúmenes o materiales elaborados por terceros, pero el modelo educativo tradicional todavía tenía como presupuesto que, para comprender un problema jurídico, era necesario atravesar un proceso de lectura, selección, análisis y elaboración propia. Ese proceso —más allá de sus limitaciones— era parte del desarrollo del razonamiento crítico.

Hoy cualquier sistema de IA puede sintetizar esa misma información en segundos. El cuello de botella cambió, y con él también debería cambiar el sentido de muchas de las tareas que todavía utilizamos para evaluar a un estudiante. El desafío ya no es solamente acceder al conocimiento, sino desarrollar la capacidad de pensar con él: interpretarlo, cuestionarlo, distinguir lo relevante de lo accesorio y decidir qué hacer frente a un caso concreto. El principal activo de un abogado no es la información que posee, sino el razonamiento con el que la utiliza.

No es que esas tareas hayan perdido todo valor: es que, si no se rediseñan, pueden dejar de medir lo que importa. La pregunta ya no es solo quién redacta el mejor escrito, sino quién puede defenderlo, cuestionarlo y sostenerlo cuando alguien —un juez, un cliente o la contraparte— lo somete a discusión. Hoy ningún estudio jurídico valora a un abogado simplemente porque recuerde más jurisprudencia que una computadora. Lo valora por su capacidad de seleccionar los precedentes relevantes, construir una estrategia y ejercer criterio. Si durante el proceso de formación se deja de ejercitar el razonamiento porque la IA reemplaza el esfuerzo intelectual que antes realizaba el estudiante, el riesgo es que el futuro abogado termine utilizando herramientas que nunca aprendió realmente a controlar.

La evidencia científica

Esta lectura no es solo intuición. Un estudio de Microsoft Research y Carnegie Mellon University, presentado en la conferencia CHI 2025 y realizado sobre 319 trabajadores del conocimiento, encontró que cuanto mayor era la confianza depositada en la IA, menor era la evaluación crítica de sus respuestas[v]. Michael Gerlich llegó a una conclusión similar sobre 666 participantes: a mayor uso de herramientas de IA, menor pensamiento crítico, con el deterioro más marcado entre los 17 y los 25 años —el rango etario de nuestros estudiantes[vi]. No es un fenómeno nuevo: ya en 2011 Betsy Sparrow había documentado el "efecto Google", la tendencia a dejar de recordar información cuando sabemos que va a estar disponible externamente[vii]. Y estudios más recientes muestran que la dependencia sostenida de la IA erosiona el pensamiento crítico a través de la fatiga cognitiva, sobre todo frente a problemas nuevos o mal estructurados[viii] —exactamente el tipo de problema que enfrenta un abogado todos los días, porque ningún caso real viene con el molde ya armado. En Derecho, ese deterioro es especialmente delicado: el pensamiento crítico no es una habilidad complementaria, sino la principal herramienta de trabajo del abogado. La inteligencia artificial puede ayudar a resolver casos. Pero solo un abogado con pensamiento crítico puede decidir si la respuesta que recibió es correcta. La conclusión, en todos los casos, es la misma: delegar sistemáticamente el esfuerzo intelectual termina deteriorando la capacidad de razonar.

El nuevo rol del profesor

Si hay un lugar donde este cambio todavía no se discute lo suficiente, es en el rol del profesor. La IA ya está en el aula, lo reconozcan las facultades o no: los estudiantes la usan todos los días, muchas veces de manera clandestina, entre pestañas del navegador durante un examen o disfrazada de "consulta rápida" antes de entregar un práctico. Prohibirla no resuelve nada, porque el problema nunca fue la herramienta. Un abogado que sabe utilizar IA probablemente trabajará mejor que uno que no la utiliza. El problema aparece cuando la herramienta reemplaza el proceso intelectual que el estudiante todavía necesita desarrollar.

Lo que sí cambia, necesariamente, es el trabajo del profesor. Durante décadas, buena parte de la enseñanza pudo apoyarse en transmitir información que el alumno después reproducía en un examen. Ese modelo, por sí solo, ya no alcanza: muchas explicaciones están a un prompt de distancia. Pero eso no vuelve menos importante al docente; lo vuelve más importante. Nunca el profesor universitario fue tan importante como ahora. Precisamente porque la IA puede ofrecer respuestas, el docente pasa a ser quien debe enseñar a los estudiantes a desconfiar de ellas cuando corresponde, discutirlas y construir un criterio propio. Si la IA puede producir respuestas plausibles en segundos, la principal misión del profesor pasa a ser acompañar el desarrollo del razonamiento jurídico de sus alumnos. Su rol no consiste en competir con la IA ni en prohibirla, sino en ayudar a los estudiantes a desarrollar el pensamiento crítico que les permita utilizarla con criterio. Eso significa enseñar a cuestionar una respuesta antes que a repetirla, a verificarla en vez de aceptarla, a detectar el error que la IA no avisa que cometió, y a razonar críticamente frente a un resultado que, a primera vista, parece impecable. La IA debe utilizarse como herramienta y no como sustituto del razonamiento.

Paradójicamente, cuanto mejores son los sistemas de inteligencia artificial para producir respuestas plausibles, más importante se vuelve la capacidad humana para detectar cuándo esas respuestas son incompletas, equivocadas o inaplicables al caso concreto.

¿Cómo podría empezar ese cambio?

Ese cambio de rol tiene consecuencias muy concretas para el diseño de una clase, y muchas de ellas pueden empezar a ensayarse aun antes de una reforma del plan de estudios. El objetivo de estas propuestas no es enseñar a usar inteligencia artificial. Es enseñar a pensar con inteligencia artificial sin dejar que ella piense por nosotros. Una posibilidad podría ser incorporar exámenes orales donde el alumno tenga que defender, línea por línea, un texto que produjo con ayuda de IA. Una experiencia interesante sería exigir el uso de la herramienta, pero evaluar exclusivamente el criterio con el que se la utilizó. Vale la pena explorar ejercicios comparativos entre las respuestas de distintos modelos frente a un mismo caso, para que el estudiante identifique cuál se equivoca y por qué. Quizá convenga ensayar también consignas donde se entregue deliberadamente una respuesta de IA con un error escondido y se evalúe quién es capaz de encontrarlo. No hace falta esperar una reforma curricular para empezar a enseñar de otra manera; sí hace falta asumir que el aula puede convertirse en el primer espacio de experimentación responsable.

Naturalmente, esto no significa desconocer que algunos profesores ya utilizan herramientas de inteligencia artificial en sus clases y han empezado a adaptar sus métodos de enseñanza. Sería injusto afirmar que no existe innovación dentro de las facultades. El problema es que, por ahora, esos esfuerzos dependen más de iniciativas individuales que de una decisión institucional sostenida. El cambio que exige la IA no puede quedar librado únicamente a la voluntad de algunos docentes: requiere una decisión política desde adentro de las facultades, capaz de orientar, acompañar y generalizar nuevas metodologías, tal como acaba de hacer la Universidad de Chicago.

La decisión que tienen por delante las facultades

La inteligencia artificial no volvió obsoletos a los abogados. Volvió insuficiente, en cambio, un modelo de enseñanza diseñado para un mundo en el que acceder a la información era el principal desafío. Por eso, el debate ya no debería reducirse a incorporar una materia sobre inteligencia artificial o actualizar un programa de estudios. Debería invitarnos a transformar la metodología con la que enseñamos Derecho y a redefinir el papel del profesor universitario. La universidad siempre tuvo una misión que ninguna tecnología podía reemplazar: enseñar a pensar. La inteligencia artificial probablemente escriba mejores borradores, encuentre más precedentes y procese más información que cualquier abogado. Pero nunca podrá reemplazar aquello que la universidad debería seguir formando por encima de todo: la capacidad de pensar críticamente. Si las facultades dejan de enseñar eso, el problema no será la inteligencia artificial. Será que habremos dejado de formar abogados capaces de cuestionarla cuando se equivoque.