En los últimos años se evidenció un creciente esfuerzo de las empresas para responder a las necesidades ambientales, sociales y de buen gobierno, que convierten a una compañía en sostenible y con una gestión interna de transparencia. Invertir en empresas basadas en esos criterios, también ha ganado fuerza en los últimos años.

Los objetivos de inversión ESG (según sus siglas en inglés -Environmental, Social and Governance-), o estándares ambientales, sociales y de gobernanza, atraen a los inversores con conciencia social. Los factores ambientales generalmente incluyen la sostenibilidad de las operaciones, la huella de carbono, el manejo de contaminantes, el uso del agua y el reciclaje. Los factores sociales pueden incluir la diversidad, los derechos humanos, la salud y la seguridad, las normas de empleo, el trabajo infantil y el impacto en la cadena de suministro y las comunidades en las que opera una empresa. El gobierno comúnmente cubre las políticas que tiene una empresa, sus marcos de riesgo y cumplimiento, el soborno y la corrupción, remuneración ejecutiva, ética y cultura.

En los últimos tiempos ha habido una oleada de cambios en torno a las expectativas "sociales" y "ambientales", de modo que los factores ESG han tomado mucha más importancia en las decisiones operativas y de los órganos de gobierno de las sociedades. Muchas empresas destacan voluntariamente sus prácticas ESG en los informes anuales de sostenibilidad. Los factores ESG son cada vez más importantes no solo como aspiración, sino también operativamente.

Dado que los factores ESG a menudo implican una planificación estratégica a largo plazo, es fundamental que las empresas se aseguren de que cualquier declaración sobre asuntos ESG tenga una base razonable y no sea engañosa. La metodología utilizada, la calidad de los datos que se recopilan y en los que se confía, y los marcos e indicadores clave de rendimiento pueden a veces ofrecer poca credibilidad a cualquier afirmación ESG que se realice. La promoción "engañosa" de credenciales verdes (greenwashing)[1] ha desencadenado tanto la acción de los legisladores como de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. Como consecuencia, está aumentando la presión de los inversores y reguladores, particularmente en los Estados Unidos y Europa, para implementar requisitos obligatorios de divulgación de ESG para las empresas públicas.[2] [3]

La Unión Europea

En este contexto es que el 28 de noviembre pasado el Consejo de la Unión Europea aprobó la nueva Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD, en sus siglas en inglés - corporate sustainability reporting directive-)[4] que pretende mejorar la rendición de cuentas de las empresas, al obligarlas a informar regularmente sobre el efecto de su actividad en las personas y el medio ambiente.

Como consecuencia de esta nueva Directiva – que modifica anteriores directivas existentes - las empresas de la Unión Europea (UE) deberán divulgar información sobre el impacto de su actividad en las personas y el planeta, y sobre los riesgos de sostenibilidad a los que se enfrentan.

El objetivo es equiparar la información sobre sostenibilidad con la información financiera, permitiendo al público acceder a datos fiables y comparables.

La nueva legislación trata de cubrir la insuficiencia de información no financiera que se traslada al mercado y, para ello, introduce obligaciones más detalladas sobre el impacto de las empresas en el medio ambiente, los derechos humanos y el ámbito social, en línea con los objetivos de la UE sobre el clima. Se garantiza también el acceso digital a la información sobre sostenibilidad.

Además, para asegurarse de que las empresas ofrecen información fiable al mercado y que los inversores cuentan con datos comparables, estarán sujetas a auditorías independientes y procesos de certificación.

Los nuevos requisitos de información sobre sostenibilidad de la UE se aplicarán a todas las grandes empresas, coticen o no en los mercados de valores. Las empresas no comunitarias con actividad sustancial en la UE (con un volumen de negocios superior a 150 millones de euros en la UE) también tendrán que cumplirlas, al igual que las pymes que cotizan en bolsa.

La Directiva fue publicada el 16 de diciembre pasado en el Diario Oficial de la UE, entrará en vigor el 5 de enero de 2023 (a los veinte días de su publicación) y las normas serán de obligatorio cumplimiento para las empresas en las siguientes tres fases:

- A partir del 1 de enero de 2024 para grandes empresas de interés público (más de 500 empleados) ya sujetas a la directiva sobre información no financiera, que deberán entregar sus informes en 2025;

- Desde el 1 de enero de 2025 para las grandes empresas no sujetas a la directiva sobre información no financiera (más de 250 empleados y/o una facturación de 40 millones de euros y/o 20 millones en activos totales), que deberán entregar sus informes en 2026; y

- A partir del 1 de enero de 2026 para las pymes que coticen y otras empresas, que deberán entregar sus informes en 2027.

La Directiva deberá ser implementada por los países miembros de la EU dentro de los 18 meses posteriores a la referida publicación – es decir antes del 6 de julio de 2024-.

Argentina

Impulsado por distintos estándares y lineamientos internacionales[5], el crecimiento de la inversión socialmente responsable en nuestro país ha venido en franco aumento en los últimos años, plasmado en la creación, por parte de la Comisión Nacional de Valores (CNV), de productos financieros y regulaciones tendientes a fomentar el financiamiento de proyectos con impacto ambiental y social en el mercado de capitales.

En ese marco es que, a través de la Resolución General N° 797/2019 la CNV reformó el Código de Gobierno Societario y, de acuerdo con estándares reconocidos internacionalmente, como los Principios de Bonos Verdes, los Principios de Bonos Sociales y las Pautas de Bonos Sostenibles elaborados por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA) y el Estándar Internacional de Bonos Climáticos creado por la Iniciativa de Bonos Climáticos, la CNV emitió la Resolución General N° 788/2019 por la que se aprueban los “Lineamientos para la emisión de valores sociales, verdes y sustentables en Argentina”. Luego, mediante la Resolución General 896/2021, la CNV incluyó tres Guías Sostenibles que son relevantes para una Inversión Socialmente Responsable (ISR): (i) Guía para la Inversión Socialmente Responsable en el Mercado de Capitales Argentino; (ii) Guía para la Emisión de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables; y (iii) Guía para Evaluadores Externos de Bonos Sociales, Verdes, y Sustentables. Estas guías no son obligatorias, pero tienen como objetivo crear un marco orientativo y consultivo, a los fines de transmitir y concientizar sobre los distintos aspectos que abarcan a las finanzas sostenibles. Esto permitirá desarrollar un marco teórico y un lenguaje común para otorgar claridad a los conceptos relacionados con los principios ESG en el mercado de capitales argentino.

Asimismo, en el marco de la Resolución General N° 885/2021, un régimen especial destinado a promover la inversión en valores negociables ASG[6], la CNV autorizó diferentes tipos de Fondos Comunes de Inversión Abiertos ASG. Recientemente, la CNV estableció (mediante la Resolución General N° 940/2022) un marco simplificado para la emisión de bonos garantizados con impacto social, aplicable a entidades que pretendan financiar proyectos sociales elegibles.

La CNV delega en los mercados el otorgamiento y remoción de las etiquetas temáticas, y no se pronuncia sobre el carácter social, verde o sustentable de los valores negociables a emitirse, sino que ejerce el control que legalmente le compete respecto de los instrumentos financieros sometidos a oferta pública, ello en los términos de la Ley N°26.831 de Mercado de Capitales.

En este sentido Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) y el Mercado Abierto Electrónico (MAE) cuentan con sus lineamientos y reglamentos para la cotización y listado de valores a los que se les pueda otorgar y/o remover las respectivas etiquetas temáticas.[7]

A través de los lineamientos y regulación de la CNV, los lineamientos y reglamentos de BYMA y MAE, Argentina se ha incorporado a la lista de países que favorecen el financiamiento sustentable a través del mercado de capitales.

Por su parte, con fecha 21 de junio de 2019 las entidades bancarias más importantes de Argentina suscribieron el Protocolo de Finanzas Sostenibles de la Industria Bancaria Argentina conforme al cual acordaron realizar esfuerzos, en el marco de sus competencias, para implementar ciertas estrategias y lineamientos de acción generales allí previstos, considerando que las finanzas sostenibles se han convertido en un factor de creciente importancia para el sector financiero y se ha identificado la necesidad de iniciar “un proceso que tenga como objetivo de mediano plazo incorporar políticas, procesos, prácticas y estándares de sostenibilidad tanto en el financiamiento de actividades y en las inversiones, como hacia el interior de las entidades.”

Asimismo, el 7 de septiembre de 2021 el Ministerio de Economía de la Nación, el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la CNV y la Superintendencia de Seguros de la Nación, firmaron una declaración conjunta que apunta a impulsar el desarrollo de las finanzas sostenibles en Argentina. El acuerdo tiene por objetivo generar las condiciones para que el sector financiero pueda atraer inversiones públicas y privadas que contribuyan a alcanzar objetivos económicos, ambientales y sociales, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y, a la vez, dar respuesta al cambio climático a través del financiamiento de estrategias de mitigación y adaptación.

La tendencia sigue siendo clara y el ritmo de crecimiento del mercado financiero sostenible no parece que vaya a desacelerarse en el corto plazo.

El 7 de noviembre pasado durante la apertura de la Cumbre de Implementación Climática de dos días celebrada en el marco de la COP27 en Sharm el-Sheikh, Egipto, Antonio Guterres – Secretario General de las Naciones Unidas- planteó una disyuntiva para el mundo: “La humanidad tiene que elegir: cooperar o perecer. Es un pacto de solidaridad climática o un pacto suicida colectivo”.

En un entorno de rápida evolución, será fundamental que las instituciones financieras y los posibles emisores y prestatarios se mantengan al día con los componentes del ecosistema de finanzas sostenibles en evolución (en cada caso en las jurisdicciones en las que operan) para poder aprovechar las oportunidades de financiación en cumplimiento de las reglas que en cada caso se establezcan, con el objetivo de que las inversiones impacten positivamente en el medio ambiente.