El pasado jueves, en la Biblioteca de la Legislatura Porteña, la presidenta Marcela I. Basterra estuvo a cargo de la conferencia de apertura de la Jornada denominada “Poder Judicial y Justicia Transicional” organizada por el Consejo de la Magistratura de la CABA en conjunto con el Parlamento local.

El encuentro contó con destacados especialistas del ámbito nacional y prestigiosos constitucionalistas internacionales, donde se profundizaron cuestiones vinculadas con la atención de las demandas de las víctimas de violencia, qué se debe hacer con los culpables de violaciones de Derechos Humanos cuando se realiza una transición de la dictadura a la Democracia y cuánto se ha avanzado en Argentina y América Latina en relación a estos asuntos.

En su discurso de bienvenida, la presidenta destacó que la temática convocante “constituye un tema muy importante y muy caro a los afectos y efectos de los latinoamericanos”. Además, se mostró sumamente satisfecha en poder compartir con los especialistas las experiencias atravesadas por los diferentes países de la región.

Basterra expresó que en la Argentina “el proceso democrático comenzó hace cuatro décadas” y detalló que en el año 1994 la reforma constitucional trajo aparejada la Regla de Reconocimiento Federal “que instituye la incorporación de tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional”. “Esto en consecuencia hace que tengamos una doble fuente de derecho: la Corte Suprema de Justicia  junto a la normativa interna por un lado y por otro la fuente de derecho otorgada por las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en pie de igualdad”, destacó.

Al momento de analizar cómo se enfrentó la situación en nuestro país en materia de Derechos Humanos, la presidenta subrayó que “se dieron pasos adelante y pasos hacia atrás”. Y agregó: “Todo empezó con el juicio a la juntas que hizo el ex presidente Raúl Alfonsín. Eso a mi criterio y la historia constitucional argentina marca un antes y un después”. Además, hizo hincapié en los desaciertos generados a través de las leyes de punto final y obediencia debida, las cuales años después pasaron a ser consideradas herramientas fundamentales para hablar de impunidad.

La titular del Consejo sostuvo que “desde el año 2003 hubo una política de seguir adelante fuertemente con todos los crímenes de lesa humanidad”. Y recalcó que “lo más importante son las líneas jurisprudenciales de la Corte Suprema  de Justicia de la Nación que acompañó en este proceso”.

Al finalizar su exposición, Marcela I. Basterra puntualizó que si bien cada país tiene sus propios procedimientos, “existen cuatro cuestiones infaltables para decir que los gobiernos democráticos están trabajando fuertemente en reinstaurar las instituciones”. Para ello, citó y detalló el Derecho a la Verdad, el Derecho a la Reparación, el Derecho a la Reforma y el Derecho a la Justicia.  “Los mismos constituyen el reto principal de la justicia transicional”, concluyó.

El primer panel, desarrolló el tema “Justicia transicional y Derechos Humanos” y estuvo conformado por los constitucionalistas Manuel Riera Domínguez y Robert Marcial Insfrán de la República de Paraguay, Mónica Bustamante Rúa, proveniente de Colombia y Manuel Corado, de México.

En su ponencia, Robert Marcial Insfrán detalló el trabajo que se lleva adelante en virtud de la justicia transicional y manifestó que este tipo de conferencias “permiten encontrar claves comunes administrando legítimas diferencias hacia un mismo objetivo”. Al mismo tiempo, el especialista sostuvo que mediante la interacción de constitucionalistas de diferentes países de la región “se recobran los lazos de comunidad desarticulados por gobiernos militares, los cuales fueron grandes totalitarismos que padeció la sociedad latinoamericana en la segunda mitad del Siglo XX”. “Gracias a espacios como estos podemos forjar cultura constitucional que es una materia pendiente en América Latina. Permite intercambiar experiencias para recoger las claves de nuestros países” concluyó.

A su turno, Mónica Bustamante Rúa, enfatizó en “la oportunidad de hablar sobre la experiencia colombiana con relación al proceso de paz”. La misma destacó que si bien la realidad colombiana en tema de conflicto armado no vino de la mano de procesos dictatoriales, “por décadas se ha padecido un conflicto armado que arrojó un número de secuestros, víctimas y violaciones a los Derechos Humanos que hasta hoy en día es desconocido”. “No sabemos número de muertos ni de desaparecidos”, declaró, Y agregó: “Tenemos muchos retos y desafíos desde lo constitucional, hay muchas expectativas y Argentina es uno de nuestros ejemplos de aprendizaje en materia de DDHH”.

Por su parte, Manuel Riera Domínguez argumentó que la justicia transicional es un tema sensible: “Hay heridas q nunca terminan de cicatrizar. La justicia transicional toca esos temas y es necesario discutirlos en voz alta”, declaró. A su vez, apeló al compromiso de todos los representantes regionales en “hacer saber las concordancias y diferencias entre cada uno de los países” ya que enfatizó que “si se consigue generacionalmente comprender la generación que se va y que fue capaz de impulsar regímenes dictatoriales los objetivos de esta justicia independiente están cumplidos”. Por último indicó: “No tenemos que olvidar y debemos garantizar que nada de lo que pasó en nuestros países en relación con totalitarismos vuelva a suceder”.

El segundo panel desarrolló la temática titulada “Justicia Transicional y Constitución”. Al momento de hacer uso de la palabra, la Secretaria Legal y Técnica del Consejo, Ana Salvatelli, aplicó una perspectiva del derecho administrativo y aclaró que este enfoque “introduce el tema en justicia transicional desde la perspectiva más noble”. “La idea de principios y objetivos de memoria, justicia y reparación son los que alimentan como objetivos a esta justicia”, destacó. Y agregó: “Nuestra búsqueda de memoria desde el retorno a la vida democrática se viene atravesando en un proceso de búsqueda permanente”.

Durante su exposición, la funcionaria hizo eje de síntesis en “la solución de la reparación estatal y cómo eso se vincula con la responsabilidad del Estado en general”. “Cuando estas cosas suceden resulta fundamental encontrar el fundamento de la responsabilidad estatal” puntualizó. Y concluyó: “Es el Estado el responsable de garantizar un estado de derecho a través de la constitución”.

El comité organizador de la jornada estuvo conformado por la Presidenta del Consejo de la Magistratura porteño, Marcela I. Basterra, la Diputada Carolina Estebarena, Jorge Alejandro Amaya, Daniel Rodríguez Masdeu y María Gracia Nenci.