Cuatro provincias se vieron altamente favorecidas por la transferencias de fondos nacionales para realizar obras públicas en sus municipios, sin que existiera para ello algún “criterio objetivo” que justifique dicha distribución. Esa fue una de las conclusiones que se desprende de un crítico informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), que verificó cómo la subsecretaria de Obras Públicas, que depende del Ministerio que conduce Julio De Vido, reparte los montos nacionales en el marco del Programa 50, que “coordina la programación de las inversiones en obra pública y la ejecución de obras de infraestructura en todo el territorio nacional, que se concretan mediante la transferencia de capital”. Las provincias más beneficiadas por las transferencias son afines al gobierno nacional: Santa Cruz, tierra natal del matrimonio presidencial; Buenos Aires y Entre Ríos, con gobernadores ultra K, y Chubut, gobernada por el hoy cuasi opositor Mario Das Neves, pero que en la fecha de la auditoría (2007-2008) se mostraba alineado con la casa Rosada. El documento publicado la semana pasada cuestiona que “el Programa carece de una definición precisa de criterios objetivos de distribución de los recursos destinados a financiar obras en los municipios. Y no establece las pautas de elegibilidad para la selección de proyectos conforme al tipo de obra a realizar, atendiendo a criterios técnicos, económicos, financieros y socio-ambientales”. De las transferencias realizadas en 2007 y 2008, –350 millones en total– cerca del 95% se concentraron en estas cuatro provincias. “Hay una absoluta discrecionalidad en la asignación de estos recursos, las posibilidades de decidir sobre el ámbito en el cual se van a aplicar sin ningún tipo de examen ex ante respecto de la viabilidad”, apuntó el presidente de la AGN, Leandro Despouy. La falta de “criterios objetivos” para el reparto de estos fondos se pone en evidencia también al observar las provincias menos favorecidas por el reparto: La Pampa, Santa Fe y Córdoba. Esos cuatro distritos estuvieron enfrentados al Gobierno en la pelea entre el campo y la Casa Rosada, cuya etapa más pirotécnica coincide con el período auditado. El plan 50 depende directamente de la subsecretaría de Obras Públicas que conduce Abel Fatala, pero es Carlos Kirchner, primo del ex presidente, quien está a cargo de la subsecretaría de Coordinación de Obra Pública y quien debe encargarse de que el ambicioso plan de obras públicas oficial llegue a destino. Ya la AGN en un informe de este año, referido al Plan 86, denunció que el área que está a cargo del primo de Kirchner “no cumple con las metas que se propone, carece de una definición clara de los criterios de distribución de los recursos”. Asimismo, el documento marca que en 2008 hubo “disparidad en el nivel de ejecución en algunas provincias donde, por un lado se observa una sobreejecuión de los recursos comprometidos, –Buenos Aires y Santa Cruz– y por otra, una significativa subejecución (Córdoba)”. También la AGN pone el acento en la falta de difusión entre los potenciales beneficiarios: “Tanto en la página Web del Ministerio de Planificación como en las de la Secretaría y la Subsecretaría de Obras Públicas, las actividades del Programa 50 y sus posibles vías de acceso carecen de visibilidad suficiente”, sentencia la auditoria. Por último, la AGN critica a la Subsecretaría de Obras Públicas porque “carece de una normativa que defina formalmente su estructura organizativa y sus procesos de gestión”. Fuente: Cronista.com