La emergencia por COVID-19 genera mayores riesgos de compliance anticorrupción que deben ser tratados adecuadamente. Es esperable que en el futuro se realicen numerosas investigaciones internas e investigaciones por parte de las autoridades para evaluar si conductas ocurridas durante esta crisis implicaron actos corruptos, lo que genera una alta exposición a posibles sanciones y costos para las empresas.
La crisis global por COVID-19 ha generado múltiples cambios normativos de urgencia de parte la mayoría de los gobiernos en todo el mundo, incluyendo el argentino.
En esta situación internacional sin precedentes en el mundo moderno, el tiempo es la variable más sensible. Por lo tanto, “urgencia” y “emergencia” son las palabras utilizadas más frecuentemente en regulaciones relacionadas a la COVID-19 y en las operaciones que las empresas desarrollan en base a ellas. Y podríamos afirmar que el riesgo de corrupción es directamente proporcional al grado de urgencia, ya que una mayor celeridad en la toma de decisiones suele llevar aparejado un relajamiento inversamente proporcional de los sistemas de control previamente establecidos.
En este tipo de situaciones, las empresas pueden enfrentarse con la falta de cumplimiento adecuado de sus procedimientos de compliance anticorrupción o, peor aún, con que dichos procedimientos no son adecuados ni suficientes para la nueva realidad. Una situación similar puede darse en los entes gubernamentales que interactúan con dichas empresas y en los funcionarios públicos que los integran. Ese tipo de situaciones puede generar, en caso de configurar actos de corrupción, penas de multas y prisión para las personas humanas y multas y pérdidas de negocios para las empresas.
En Argentina la prensa ha cubierto atentamente compras de alimentos por parte del Gobierno nacional a precios supuestamente más altos que los precios máximos establecidos por el propio Gobierno, así como supuestas irregularidades en la compra de barbijos y en la contratación de hoteles para alojar a enfermos leves de COVID-19 realizada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un número importante de funcionarios públicos fueron removidos o renunciaron a sus cargos en virtud de ambos casos.
También la prensa ha cubierto numerosas donaciones que empresas del sector privado han realizado a entes gubernamentales a partir de la crisis por COVID-19. En varios casos se trata de material médico.
En este contexto, la emergencia provocada por la COVID-19 genera mayores riesgos de compliance anticorrupción que deben ser adecuadamente tratados para morigerarlos y evitarlos, según sea posible. Es esperable que en el futuro se realicen numerosas investigaciones internas e investigaciones por parte de las autoridades para evaluar si conductas ocurridas durante esta crisis implicaron actos corruptos. Esto genera una alta exposición a posibles sanciones y costos para las empresas y para las personas físicas involucradas.
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