El conflicto por el aumento del impuesto inmobiliario rural continúa aunque ya se empieza a dilucidar un posible final. En tal sentido, un fallo dado a conocer esta semana le propició un revés a la Sociedad Rural.
La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Gualeguaychú desestimó una acción de amparo interpuesta por la entidad damnificada por considerarla inadmisible, otorgándole así la derecha al gobierno entrerriano.
El fallo le otorga validez a la actualización del tributo y fortifica la decisión de las autoridades provinciales de aplicar la ley, la cual había sido consensuada, según indican, con las entidades agropecuarias.
De esta manera, Ana Clara Paulette, Valeria Barbiero de Debeheres y José Víctor Arakaki, integrantes de la Cámara de Apelaciones, no hicieron lugar al planteo ruralista que cuestionaba la actualización dispuesta por el gobierno provincial.
Por su parte, Alfredo Bel, coordinador técnico de Entre Ríos de la Federación Agraria Argentina (FAA) señaló que “lo que la justicia rechazó fue el amparo, pero no se expidió sobre la cuestión de fondo: si está bien aplicada la ley".
Asimismo, el gremialista sostuvo que no tienen pensado realizar ninguna movilización debido a que se encuentran evaluando la cuestión jurídica. “Cuando uno va a la justicia, uno sabe que puede tener una solución favorable o no, ahora tenemos que ver las alternativas”, afirmó.
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