Por Horacio M. Lynch Lynch & Asociados Abogados La crisis  del 2001 terminó de destruir el sistema político y la institucionalidad en  la Argentina. Para restablecerlo era importante contar con una Corte Suprema  respetable y respetada. La actual integración es ciertamente mejor que la  anterior, y reúne estos requisitos. Pero la anormalidad que  representó el recambio requería un esfuerzo especial que a mi juicio no se  ha logrado todavía y está en deuda. Aun así, la calidad de muchos de sus  integrantes deja la esperanza que, reaccionando con un cambio de actitud  pueden remontar lo perdido. Todavía se está a tiempo. El  proceso de deterioro de la Justicia, que continúa avanzando, exigía grandes  esfuerzos para revertirlo. La crítica se centra más por lo no hecho.  Por otro lado, el contexto general  del país, los desenfrenos del PE., con el autoritarismo y la corrupción  avanzando, requiere una presencia más vigilante. Como se dice el  cambio era indispensable. Pero respecto de este tribunal cabeza de un  Poder del Estado hay dos problemas: por ser una institución permanente,  cualquier modificación por causas no naturales importa un alto costo  institucional y requiere un procedimiento excepcional ajustado a derecho, a  riesgo de agravar la situación. En segundo lugar, si afecta sensiblemente la  integración del tribunal, los reemplazantes no sólo deben ser destacadas  personalidades sino que, se deben seleccionar en forma plural, entre las  distintas corrientes políticas, con criterios de grandeza y no responder al  arbitrio del circunstancial designante. En nuestro caso los  desplazamientos se hicieron mal. Fueron sesgados, sin que se aclarara  porqué accionaba contra unos y no otros. El juicio político a los que  resistieron (Moline O’Connor y Boggiano) fue penoso. Una segunda  circunstancia no puede ser ignorada, y debe integrar el núcleo de un juicio  valorativo: los reemplazos, si bien recayeron en destacados juristas,  fueron hechos por una misma persona con lo que se cambió un grupo por otro,  mejor, sin duda, pero de alguna forma parecido. Los fallos en línea con  los deseos del gobierno tendrían distinto valor si hubieran sido dictados  por una Corte con una integración preexistente o de diversos orígenes, en  vez de por una formada por una sola persona del mismo gobierno. Por este  arbitrio tenemos una Corte de siete miembros (que en breve serán seis) de  los que cuatro tuvieron la misma propuesta. Esto no es imputable a los  nuevos Ministros, pero el reparo queda. Como la Argentina ha pagado un alto  costo institucional debe exigírseles más. Si el fin no justifica los medios,  y menos en este campo, el recambio de la Corte por obra y gracia del  matrimonio Kirchner, tiene una capitis diminutio, un hándicap en  contra, que tiene que remontar.  Su hipotética superior calidad no  repara los errores en el proceso y en la forma como se hicieron las  designaciones. Este trabajo intenta analizar a la NCSN en todas  las dimensiones de sus responsabilidades. Hoy esta Corte goza del respeto  que la anterior integración carecía. Pero la confianza en la Justicia  continúa midiendo mal en las encuestas. Del mismo modo algo falla cuando la  Argentina carece de seguridad jurídica o de “clima de negocios”. Y esta  Corte no aparece todavía con estatura para garantizarla en lo que le  corresponde. Padecemos de una inédita crisis de seguridad física aspecto en  el que la Corte no puede esquivar su responsabilidad. En momentos en que la  corrupción en la Argentina ha recrudecido a niveles insoportables – se  extraña la presencia de sistema judicial que actúe de freno, control y  castigo. Aquí detecto fallas en su responsabilidad como cabeza  del Poder Judicial. En cuanto a esta magna responsabilidad, si bien se  encaró con fuerza y criterio la reforma judicial, luego se ha ido diluyendo  y no se ha concretado en nada positivo. No ha sido capaz de detener el  deterioro que viene de hace décadas y comenzar la recuperación con lo que –  por la simple inercia  - la situación hoy es peor que en 2003, cuando comienza el recambio. Se  elogia un “activismo  judicial” en la Corte, pero en verdad advierto “inmovilismo  judicial”. Es significativo que ni siquiera ha completado los cambios  en la propia Corte. Lo ocurrido con el Consejo de la Magistratura  no es ajeno a la NCSN, pues debió haber actuado enérgicamente. Cuando  detentaba su Presidencia, para ejercerla efectivamente y poner orden,  verificar su funcionamiento y proponer reformas. De haberlo hecho, la  modificación de la entonces Senadora y hoy Presidente Cristina  Fernández de Kirchner  no se hubiera  producido. Y cuando ésta propone la reforma, debió haber impedido que se  concretaran sus aspectos negativos en vez de callarse o hasta manifestar  aprobación (Lorenzetti).  En el trabajo se han destacado otros  temas importantes que la Corte ha encarado, en algunos casos muy bien, y en  otros, por necesidad ante la inacción del Congreso. Resalté en un estudio  anterior, como algo histórico, el caso ATE que declaró la  inconstitucionalidad de la Ley de Asociaciones profesionales, una deuda con  la democracia. Es delicado opinar sobre actuado en materia de  DD.HH. Se han tomado decisiones transcendentes pero al costo de dejar de  lado principios y garantías inmanentes.  De todas formas este trabajo  no entra a analizar el fondo de la cuestión, pues excede en mucho sus  límites. En cambio, se critica cómo actuó la Corte ante las  consecuencias de sus decisiones. Al haber pagado un costo muy grande  (llegar al resultado de procesar a la represión ilegal obligó a ignorar  principios y garantías  muy importantes), se estaba frente a decisiones  trágicas que quizás debieron tomarse  pero de las que nadie puede  vanagloriarse. Por lo que hizo, la Corte debe controlar que se cumpla con  todas las garantías.  No puede desentenderse de cómo se encara la  situación. Y considero “institucionalmente incorrecta” la respuesta  de la Corte frente a los reclamos del PE por las demoras en los  juicios. El pedido de más presupuesto y personal desnuda por otro lado, la  falta de ideas y de racionalización y eficiencia de la Corte en relación con  el sistema judicial. En síntesis, esta integración de la Corte es  mejor que la anterior. Pero la anormalidad que implicó el recambio requería  superación. El proceso de deterioro de la Justicia, que continúa avanzando,  exigía más esfuerzos para revertirlo. Por otro lado, el contexto general del  país  requiere una presencia más vigilante. Esta Corte ha hecho mucho  positivo como también negativo.  Y es mucho lo que ha dejado de  hacer.   Creo conveniente que los integrantes de la Corte  reciban un clamor y un toque de atención de la ciudadanía que les ayude y  les haga reaccionar. Por ello,  con muchas dudas, pues aprecio  muchos aspectos positivos pero también otros negativos, comencé este trabajo  para no opinar sin fundamento. La importancia institucional de la Justicia y  del Alto Tribunal que la preside, justifica este estudio ya que su concurso  es esencial para un reencauzar a la Argentina en la senda institucional.  Aspiro a contribuir a provocar un debate que termine sacudiendo al Alto  Tribunal. Y a que la ciudadanía, los medios y las instituciones evalúen,  propongan, exijan y ayuden para que la Corte Suprema esté a altura de las  circunstancias, se concentre en sus funciones,  y revierta el deterioro  de la Justicia.   En mi balance queda en deuda, falta  alcanzar el nivel que requiere la crisis del país. Aun así, la calidad de  sus integrantes deja la esperanza que, con un cambio de actitud, pueden  recobrarse. El ensayo completo puede ser visto haciendo click en el siguiente link http://www.lynch-abogados.com.ar/CSN/Public/HML/LS-NCSN-3Sept09.pdf Abogados.com.ar Agradece la colaboración del Estudio Lynch & Asociados Abogados. www.lynch-abogados.com.ar