En el día de ayer el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (CACBA), con el patrocinio letrado de los Dres. Ezequiel Cassagne y Martín Galli Basualdo, ha obtenido el dictado de una medida cautelar por la cual se dispone la suspensión de las designaciones de los camporistas Álvarez y Forlón como auditores en la Auditoría General de la Nación (“AGN”). Dichos nombramientos habían sido efectuados por la Honorable Cámara de Diputados en la sesión especial del 4 de noviembre de 2015 y se ha dispuesto la suspensión de lo decidido en dicho acto parlamentario.
La AGN está compuesta por siete (7) auditores, tres (3) son designados por la Cámara de Diputados, tres (3) por la Cámara de Senadores y uno (1) representa a la oposición. La importancia de las funciones de control a la AGN se advierten fácilmente ya que tendrá que controlar los actos de corrupción y la responsabilidad de los funcionarios públicos del gobierno actual y del próximo que asumirá el 10 de diciembre de 2015.
En dicha acción judicial, el Colegio explicó que el nombramiento de esos dos funcionarios en representación de gobierno actual se realizó en forma ilegítima, antijurídica e inconstitucional porque los auditores de la AGN deben ser designados de acuerdo a la composición de la Cámara de diputados que tendrá partir de diciembre y no con la actual saliente en estos próximos días.
Asimismo, se puso de manifiesto que los mandatos de los auditores de la AGN concluyen el 15 de diciembre de 2015 y, por ello, mal pueden ser designados con la composición actual saliente de la mencionada cámara parlamentaria.
De tal manera, se demuestra que lo sucedido en la sesión especial del 4/11 y el nombramiento de Alvarez y Forlón como auditores para la AGN no sólo violó acabadamente el reglamento de la Cámara de Diputados, sino también de modo expreso y manifiesto la Constitución Nacional y la ley de Administración Financiera Nº 24.156, régimen jurídico que rige el accionar de la AGN, las condiciones de elegibilidad de los auditores y las funciones encomendadas a dichos funcionarios públicos y a tal relevante órgano de contralor de la Nación.
Esta medida cautelar, dictada por el juez Ernesto Marinelli, de la justicia nacional en lo contencioso administrativa federal, se suma a otras dos medidas cautelares dispuestas en forma reciente por los jueces Macarena Marra y Esteban Furnari, también de la misma jurisdicción.
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