Un ciudadano boliviano que había tomado varias cápsulas de cocaína, fue sobreseído por la Cámara Federal,  luego de considerar que se había producido una violación del secreto profesional por parte de la médica que lo atendió y luego lo denunció. De acuerdo al fallo emitido por los camaristas Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero, cuando la información le fue suministrada a la médica por el paciente dentro de la asistencia terapéutica, no corresponde dar curso a una persecución penal en base a la información que el profesional les brindó a los agentes policiales. En el presente caso, un ciudadano boliviano que había aceptado ingerir diez cápsulas con cocaína en su país de origen a cambio de 200 dólares para traerlas a nuestro país, fue a la guardia de emergencias de un sanatorio de la capital federal, alegando que sólo había expulsado dos cápsulas y que tenía fuertes dolores estomacales. Mientras lo atendían, el paciente al entrar en contacto con la médica que le prestó atención, la puso al tanto de lo ocurrido, luego de lo cual el paciente quedó detenido. Según expusieron los camaristas en su resolución, resultaría difícil suponer que se pudiera haber brindado una correcta atención médica, si la persona que va a ser atendida no confía en que el médico guardará secreto de todo aquello de lo que se entere. De acuerdo a lo expuesto por los magistrados, el deber de confidencialidad de los médicos respecto de lo que le sea comunicado por  los pacientes, tiene sustento constitucional en el derecho a la salud y a la intimidad de la que gozan todos los ciudadanos. Con relación a las excepciones del deber de confidencialidad, los jueces sostuvieron que las mismas sólo tienen lugar cuando se busca prevenir daños serios a otras personas, pero en ningún caso por el mero interés de la persecución penal, señalando que en el presente caso, el imputado sólo le estaba pidiendo a la médica que le salve la vida, y no solicitándole que se transformase en cómplice o encubridora de su delito. De esta manera, los camaristas ratificaron el sobreseimiento que había sido dispuesto por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, remarcando que el Estado no necesita que los médicos delaten a sus pacientes para tomar conocimientos de los hechos, disponiendo de otras herramientas para ello.