Por Nicolás Herrera Alonso - Cecilia Comas
Jiménez de Aréchaga, Viana + Brause

 A partir de las recientes declaraciones del presidente francés Nicolas Sarkozy en la reunión del G-20, resurgió el tema respecto que Uruguay continúa sin cumplir los estándares internacionales en materia de transparencia e intercambio de información tributaria.

Pero lejos de considerar a Uruguay como un paraíso fiscal, como lo mencionó Sarkozy, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) entiende que nuestro país debe seguir profundizando las medidas adoptadas para salir de la “lista gris” en la que fue incluida en abril de 2009 y así ingresar a la fase II del proceso de revisión.

Ahora bien, qué es lo que en concreto se le exige a Uruguay: (i) que suscriba acuerdos de intercambio de información; y, (ii) que tome medidas para determinar los destinatarios finales de las sociedades anónimas.

En este sentido, cuando todos estimábamos estar en el buen camino, surgió un nuevo obstáculo.  Ya no alcanza con firmar acuerdos de intercambio de información con cualquier país, sino que ahora lo debemos hacer con países “relevantes”.

¿Cuáles son esos países relevantes? Todo indicaría que nos estamos refiriendo a Argentina y Brasil, nuestros vecinos y a su vez miembros del G-20, participantes del Foro Global de la OCDE.  Habida cuenta la importancia que representaría para estos países contar con la información de inversores, parecería lógico que hayan alentado este nuevo requisito impuesto al Uruguay.

Si estamos en un paraíso fiscal, seguramente muchos de nosotros nunca nos enteramos.  Cualquier contribuyente que aporte al fisco uruguayo sabe que Uruguay  con su alta carga tributaria, que no solo grava la renta de los residentes, sino también la de los no residentes, Uruguay remotamente puede ser considerado un paraíso fiscal.  Desde el vamos, no se cumple con el elemento esencial de un paraíso fiscal, la baja o nula tributación.

En cuanto a la segunda observación de la OCDE, relativa a la transparencia en materia de destinatarios finales de sociedades anónimas, mucho se ha hablado en los últimos tiempos.  Lo que parece claro, y por ese camino ha anunciado el gobierno que transitaría, es que no podemos eliminar de nuestro ordenamiento jurídico el régimen de acciones al portador.  Esto pues, las sociedades con acciones al portador no son en absoluto un instrumento asociado a actividades ilícitas, sino que por el contrario son un tradicional vehículo jurídico de canalización de inversiones, caracterizado por su sencillo mecanismo de trasmisión, así como por su aliviada carga tributaria al momento de la enajenación.

Fuentes oficiales han manifestado que una salida a la última observación sería adoptar el sistema alemán, donde las sociedades deben informar al organismo recaudador una vez al año, con la declaración jurada de impuestos, quienes son sus accionistas.   Este sistema ofrece a los particulares mayores garantías porque la información quedaría reservada bajo el régimen del secreto tributario, permitiendo que la misma sea solo compartida con aquellos Estados con los que se tenga acuerdos de intercambio de información, y así lo soliciten.

¿Pues bien, que nos cabe esperar hacia delante? Uruguay ha venido cumpliendo con las medidas requeridas por la OCDE para salir de la “lista gris”. Primero flexibilizando el secreto bancario, y después aprobando diez tratados de intercambio de información, por lo que se podrá decir que no se concluyó el proceso que nos permitiría pasar de fase, pero nunca que somos un paraíso fiscal.

A esta altura, los dichos del Sr. Sarkozy ya han tenido una enérgica respuesta desde nuestro gobierno, con el apoyo de otras Naciones como México – presidente actual del G-20 – y Brasil.  Lo que resta es concluir con el proceso de transparencia requerido por la OCDE y solicitar una nueva revisión para lograr el pasaje a un estatus diferente, antes del 2014 fecha en la cual correspondería realizar la nueva revisión. 

Seguramente, lo primero que deba encarar el gobierno es negociar la firma de acuerdos de cooperación e intercambios de información a nivel del Mercosur.  Existen versiones que indicarían que Argentina sólo estaría buscando acuerdos de intercambio de información, y no acuerdos para evitar la doble imposición.  Si esto no se lograra, el gobierno deberá seguir adelante con la firma de otros tratados de intercambio, para alcanzar la meta de 12 tratados impuesta oportunamente por la OCDE.

Aun obteniendo los acuerdos de intercambio, Uruguay debe adelantar también en materia de conocimiento de destinatarios finales de sociedades anónimas, para cumplir con la segunda observación de la OCDE.  Más allá de lo que se ha hablado sobre adoptar el sistema alemán, por el momento no se tiene conocimiento que se haya avanzado en algún proyecto de ley en este sentido.

En definitiva, Uruguay no es un paraíso fiscal y está lejos de serlo.  No hay duda que para salir de la lista gris deberemos avanzar en los puntos ya mencionados. Aboguemos para que ello no nos produzca un enlentecimiento de las inversiones de los países Mercosur, ni que debamos adaptarnos a cambios radicales en materia de nominatividad de sociedades.