En el marco del sumario penal instruido por los presuntos delitos de asociación ilícita y encubrimiento, la jueza federal María Servini de Cubría dispuso la medida de citación correspondiente a una denuncia llevada a cabo por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

De esta manera, el magistrado llamó a prestar declaración indagatoria a los directivos de las casas de cambio del centro porteño por presunta responsabilidad en la venta de dólares a los denominados “coleros”.

Cabe aclarar que el término “colero” se refiere a aquellas personas que adquieren divisas para terceros, los cuales permanecen en el anonimato y no proporcionan ninguna información a las casas de cambio.

Por su parte, la acción penal iniciada por el BCRA, luego de operativos de “seguimiento” de transacciones realizadas en el Mercado Único y Libre de Cambios por Casas y Agencias de Cambios, ya tiene 51 imputados, entre los que se encuentra el titular del Banco Piano, Alfredo Piano.

Además, en la nómina se pueden leer los nombres de los presidentes de Cambio Perseo S.A., Carlos Mateu; el de Antonio Di Giorgio S.A., Eduardo Roig; y el de Italtur, Hugo Paz, entre otros.

Asimismo, en la lista de convocados para prestar declaración a partir de la semana próxima y hasta mediados de abril se encuentran Daniel Sanguinetti y Angel Santos, vicepresidente y director de Cambio Perseo S.A. –respectivamente- y Diego Faraboschi y Bernardo Lautersztein, de la casa de cambio Antonio Di Giorgio S.A.

Cabe señalar que la denuncia se efectuó debido a que se había detectado un incremento significativo en la cantidad y el volumen de las transacciones en la venta de dólares estadounidenses.

Como los montos eran inferiores a los 10.000 pesos, se evitaba la investigación e intervención por parte de organismos fiscales. Así, con esta estrategia el real comprado evadía declarar el origen de los fondos y sus datos personales.

En cuanto a los imputados, Serivini de Cubría sostuvo que ellos “no podían desconocer las transacciones llevadas a cabo en la entidad por las personas que comúnmente se denomina en la jerga bancaria `coleros`”.

La sospecha del magistrado se formuló a partir de la cantidad de personas que ingresaban a los diferentes bancos y casas de cambio. Además, se sumaron los dichos de los testigos y la documentación secuestrada.