El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, hace pública su preocupación ante el inusitado agravamiento del ataque del gobierno nacional procurando cercenar la libertad de expresión con el claro objetivo de imponer un pensamiento único y un modo autoritario del ejercicio del poder.
La resolución de la Secretaría de Comunicaciones disponiendo la caducidad de la licencia a Fibertel para brindar el servicio de acceso a Internet, que había sido otorgada en 1997, se inscribe en esa conducta.
Lo propio sucede con las constantes agresiones que desde el Estado, experimentan accionistas de Papel Prensa, La Nación y Clarín, que ven perturbado el ejercicio de su derecho de propiedad, en vistas a forzar su salida de la empresa con el objetivo último, de una supresión de la libertad de prensa. Ocurre lo mismo con la permanente descalificación del periodismo y los periodistas que opinan de una manera no alineada con los intereses oficiales.
En estos casos se ven lesionados el ejercicio de elementales derechos constitucionales de periodistas, las empresas y sus accionistas. Sin embargo, la cuestión es aún más profunda y dañina. También está aquí en juego el derecho de informar y el de estar informado. Como ocurrió con el INDEC se busca desvirtuar la realidad, reemplazándola únicamente por la versión oficial de los hechos.
Tras las diversas acciones del gobierno nacional contra esas empresas, se advierte un preocupante desprecio a la Constitución Nacional y las leyes que refleja un proyecto totalitario orientado sistemáticamente a degradar la República, socavando principios liminares de nuestro Estado de Derecho.
El Directorio.
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