Lutz Simon, presidente de la Federación de los Colegios de Abogados de Europa (FBE), se mostró preocupado por la Ley 10/2012 de tasas judiciales ya que los motivos alegados para su promulgación son “inconsistentes”.

En tal sentido, el representante envió una carta dirigida al Rey de España; al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón; y al presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala.

En ella, Simon solicitaba "la derogación de la ley de tasas o la reducción de las cuantías fijadas hasta unos límites razonables que no impidan u obstaculicen el acceso a la Justicia".

Además, el comunicado afirmaba lo siguiente: "Constituye una injusticia flagrante que los ciudadanos –cuyos derechos civiles, sociales o económicos son violados- tengan además sobre sus hombros la carga de pagar la Justicia Gratuita de otros ciudadanos mediante una tasa judicial adicional de cuantía elevada".

Para la abogacía europea, los dos principales problemas que genera la ley de tasas judiciales son las cuantías económicas desorbitadas, lo que constituye un obstáculo para el acceso a la justicia, y la contención de normas que vulneran el principio de interdicción de la arbitrariedad de los Poderes Públicos establecido por el artículo 9.3 de la Constitución Española.

La Federación de Colegios de Abogados, fundada en 1992 y siendo la única organización del continente integrada por Colegios de Abogados y Consejos Nacionales de la Abogacía, también mostró su preocupación por las reformas y proyectos legislativos que suponen un retroceso en la Administración de la Justicia como la reducción del número de magistrados.