Se trata de una firma que había efectivizado un contrato para importar motos de Japón, pero la operatoria se vio seriamente perjudicada por la regulación aduanera impuesta en el último tiempo por el Gobierno Nacional.

Por tal motivo, la compañía inició una demanda ante la justicia debido a un adelanto de 42 mil dólares que había girado como un paso previo a la llegada de los bienes importados.

El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual determinó que la empresa fue perjudicada por las restricciones impuestas a las importaciones y obligó al Estado a pagar una indemnización.

Este precedente es fundamental para el empresariado debido a los problemas que tienen al momento de presentar las declaraciones juradas anticipadas para lograr ingresar los bienes que llegan a la Aduana.

El fallo fue firmado por todos los ministros, con excepción de Eugenio Zaffaroni. La resolución no cuestiona la regulación actual, pero sí obliga a una reparación por los daños ocasionados.

Por su parte, Ricardo Lorenzetti remarcó en su voto que “la gobernabilidad requiere de un mínimo de previsibilidad para que los ciudadanos actúen sobre la base de la confianza, disminuyendo los costos de las transacciones y beneficiando a los consumidores".